El bloque opositor, que dirige el Congreso, no cederá y se plantará en contra de la posibilidad de que la Dirección de Tributación embargue bienes y cuentas bancarias a los contribuyentes morosos sin orden judicial.
No obstante, propone agilizar los embargos en favor del fisco, al imponer a los jueces un plazo máximo de cinco días hábiles para atender la solicitud, después de otorgarle audiencia al deudor de impuestos.
De acuerdo con el juez civil de San José, Froylán Alvarado, actualmente no existe un plazo, sino que los juzgados tardan según la complejidad de cada caso y del volumen de trabajo que tengan.
La propuesta de la oposición establece que el juez debe aceptar los embargos como medida cautelar solo cuando exista el peligro de que el contribuyente se ausente o intente realizar cualquier maniobra para evitar que el Ministerio Hacienda tome posesión de su patrimonio.
También, se debe evitar que dicha medida ponga en riesgo la continuidad de las actividades económicas del deudor.
Así quedó plasmado en una propuesta enviada, este martes, al ministro de Hacienda, Helio Fallas, como alternativa al Proyecto de Ley Contra el Fraude Fiscal, que impulsa el Ejecutivo.
El bloque opositor está integrado por Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Alianza Demócrata Cristiana.
Ese documento adversa el planteamiento hecho por el Poder Ejecutivo, en mayo, para hacer viable la iniciativa.
En esa oportunidad, Hacienda cedió en su interés de que la Administración Tributaria pudiera tomar posesión de los bienes sin la necesidad de acudir a un tribunal. Empero, insistía en autorizar a esa dependencia para que pudiera decretarlos.
Sobre la contrapropuesta, Fallas afirmó que un equipo técnico la revisa y será hasta inicios de la próxima semana cuando se pronuncie.
Otros cambios. La alianza planea otras modificaciones, como eliminar el artículo que establece que las personas deben estar al día con el fisco para poder solicitar un crédito en cualquier entidad bancaria.
De ese requisito también estarían excluidas las gestiones médicas o educativas, no así aquellas necesarias para la obtención de contratos, autorizaciones, licencias o permisos con el Estado.
Otro de los cambios sería suprimir las normas que fijaban sanciones para los asesores tributarios por aconsejar mal, si así lo consideraba Tributación.
Además, pretenden quitar la responsabilidad solidaria de los familiares de los contribuyentes morosos, así como el artículo que obliga al Estado a pagar abogados a los funcionarios de Hacienda que sean demandados por su quehacer diario.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la socialcristiana Rosibel Ramos, asegura que negociarán algunos aspectos de la contrapuesta que hicieron, pero no cederán en la obligación de acudir ante un juez para solicitar un embargo.
“Si tenemos que sesionar hasta la medianoche o fines de semana, lo hacemos. Pero el cobro en sede judicial no está en discusión”, expresó Ramos.
Su compañero del PLN, Antonio Álvarez, considera que Hacienda ahora es la que debe definir la ruta de la negociación.
