“Todos queremos Ciudad Gobierno y creo que vamos a estar anuentes a colaborar. El tema es que el gobierno lo que pretende es una propuesta de modificación y de procedimiento que la Contraloría no avala. No estamos de acuerdo con ese esquema de tratar de evadir procesos regulatorios de fiscalización”, indicó Vargas a La Nación.
El legislador se refirió de esta forma al análisis que realiza la Comisión de Jurídicos del expediente legislativo 24.099, el cual plantea reformas a los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública. El gobierno presentó la iniciativa con el fin de encargar, sin concurso público, la construcción de Ciudad Gobierno al BCIE por $450 millones para, luego, pagar a este organismo el alquiler de los edificios por 25 años.
La Contraloría indicó al foro legislativo que se trata de una escogencia a dedo, debido a que el Poder Ejecutivo optó por el Banco Centroamericano sin contar con estudios de mercado ni un avalúo que determinara la factibilidad del oferente.
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Igualmente, advirtió a los diputados de que la reforma legal haría retroceder al país en la transparencia de los procesos de contratación pública, ya que abriría el portillo para que otros proyectos sean adjudicados sin concurso público. Para el ente fiscalizador, estas modificaciones carecen de asidero legal y podrían ser inconstitucionales.
Vargas: ‘El presidente ha generado confusión’
Vargas chacó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, generar confusión entre la población, al asegurar que algunos diputados se oponen al proyecto de Ciudad Gobierno.
“Soy el primero en orientar los mayores esfuerzos para que se construya el proyecto, pero no estamos de acuerdo con las formas que pretenden evadir los controles, y máxime que ya quedó evidenciado que el BCIE tiene una serie de protocolos de confidencialidad que hacen más difícil el control de la hacienda pública”, expresó el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
Según datos publicados por el mismo Banco, el 71,8% de su documentación está calificada como secreta, mientras que solo el 28,2% está disponible al público.
“Que estemos a favor de Ciudad Gobierno no quiere decir que tengamos que darle un cheque en blanco al BCIE”, aseguró el parlamentario.
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Contraloría debe integrar mesas de trabajo
Vargas fue electo como presidente de la comisión el pasado 21 de mayo. El cargo fue anteriormente ocupado por el diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien dejó su curul el pasado 2 de mayo.
Durante su gestión, Dengo planteó la posibilidad de crear una mesa de trabajo con especialistas en contratación pública, personal de la Contraloría y del Ministerio de Planificación (Mideplán) para trasladar la discusión del ámbito político al técnico.
Respecto a esta propuesta, Vargas indicó que estaría en la mejor disposición de continuar con esta propuesta, siempre y cuando se procure que los procedimientos administrativos para concretar Ciudad Gobierno, sean los correctos.
“Y aunque al señor Chaves (el presidente) y a algunos no les guste, evidentemente nosotros tenemos que escuchar a la parte experta que es la Contraloría, que es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y como auxiliar nuestro, lo vamos a estar escuchando y ahí es donde podría estar el tema”, explicó Vargas.
Respecto a las manifestaciones del presidente Chaves de incluir el proyecto de Ciudad Gobierno en un eventual referendo, el verdiblanco expresó dudas sobre cómo se podría incluir el tema en la consulta popular.
“A la población no se le puede preguntar de una manera general si está de acuerdo con Ciudad Gobierno, y aunque estemos de acuerdo, el procedimiento tiene que ser apegado a los términos de contratación administrativa, a los términos legales, que es lo que supervisa la Contraloría.
“Entonces, en este caso, yo creo que tal vez es para diluir la idea o la atención; tal vez lo que pretendía era generar presión y ahora hay una expectativa, pero yo no creo que pase a más”, aseveró.
El proyecto 24.099 se encuentra aún en etapa de audiencias. Al finalizar con este proceso, la Comisión de Jurídicos debe rendir un informe en el que recomienden la aprobación o el archivo de la iniciativa de ley.
El Poder Ejecutivo domina la agenda del Congreso en el actual periodo de sesiones extraordinarias, que va del pasado 1.° de mayo al 31 de julio. El foro de Jurídicos tiene asignados solo otros dos proyectos de ley para estudio.
Uno de los expedientes es el 24.282, presentado por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), con el cual se pretende prohibir a los legisladores el ejercicio de sus profesiones y de otras actividades remuneradas, mientras ocupen el cargo de elección popular.
La otra iniciativa es la 24.290, impulsada por la legisladora Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que busca revivir la discusión de las jornadas laborales excepcionales, conocidas como jornadas 4-3.
