Diputados de tres partidos fustigaron las políticas de confidencialidad del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y cuestionaron la conveniencia de que, bajo ese velo, se desarrollen obras públicas como Ciudad Gobierno.
Así se lo expresaron el lunes los legisladores Danny Vargas, Eliécer Feinzaig y Ariel Robles, de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), durante la comparecencia del exdiputado socialcristiano Erwen Masís, director del Gobierno de Costa Rica ante el BCIE.
Masís compareció debido al polémico contrato de $405.000 que el BCIE adjudicó al productor audiovisual Chistian Bulgarelli Rojas para que brindara servicios de comunicación a la Casa Presidencial, a pesar de que él elaboró los términos del cartel de licitación que Presidencia entregó al banco.
Ante varias consultas sobre este caso, el exdiputado alegó que no podía brindar la información solicitada, por ser de carácter confidencial.
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Añadió que es competencia de una comisión del BCIE establecer cuál información puede ser pública y cuál está reservada. Esa discrecionalidad incluye la posibilidad de que no se dé a conocer el resultado de la investigación sobre la contratación de Bulgarelli.
Erwen Masís alegó que el Banco tiene una condición supranacional y que, por lo tanto, le aplican las reglas del derecho internacional, no las del derecho público de Costa Rica. “Es decir, la legislación por la que el Banco se rige es absolutamente del Banco”, agregó.
El diputado Danny Vargas puso en duda de que el BCIE pueda garantizar la transparencia de sus procesos, debido a que se rige por sus propias normas.
“Don Erwen, con todo respeto, como directivo del BCIE, usted está reconociendo que hay toda una maraña de derecho de internacional para encubrir cosas que se dan en el Banco”, fustigó Vargas.
Dudas permean a proyecto de Ciudad Gobierno
Danny Vargas cuestionó la conveniencia de que el BCIE desarrolle el proyecto de Ciudad Gobierno, rigiéndose bajo sus propias reglas, “obviando” a la Contraloría General de la República (CGR) y la Ley de Contratación Pública.
“Estamos en presencia del directivo del BCIE, que nos dice que hay confidencialidad, que hay derecho internacional y acá hay varias personas que nos insisten en que, para Ciudad Gobierno, hagamos un híbrido extraño para darle un cheque en blanco al BCIE para que haga la obra”, señaló Vargas.
El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, con el fin de asignar al BCIE el proyecto Ciudad Gobierno sin necesidad de concurso público.
La Contraloría critica el plan por considerar que implicaría un retroceso en la transparencia de las compras públicas. El ente fiscalizador advirtió que, de prosperar la propuesta, se abriría la puerta a contrataciones de obra pública a dedo, sin acatar los controles legales y constitucionales vigentes.
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Vargas reiteró su respaldo a la creación de Ciudad Gobierno, pero mediante los procedimientos de contratación pública que garanticen más transparencia en la escogencia de los contratistas y los pagos.
“No me imagino una construcción de un proyecto, de una envergadura como Ciudad Gobierno, en manos de un organismo internacional, como en este caso el BCIE, y que la supervisión y fiscalización sea nula o escasa, y que en el transcurso de la ejecución, no pueda haber ningún tipo de fiscalización por parte del Estado”, indicó Vargas.
Bajo la propuesta negociada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, el complejo inmobiliario de Ciudad Gobierno se levantaría en terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José. El proyecto tiene un monto máximo de financiamiento de $450 millones y Costa Rica arrendaría las edificaciones por un periodo de 25 años.
Es una alerta, dice Feinzaig
Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), consideró una alerta el simple hecho de que no esté claro si la información es pública.
“Al final de cuentas, aquí de lo que se está hablando es de la posible comisión de delitos; por lo menos, bajo la legislación costarricense, serían delitos, y el Banco eventualmente podría decretar reserva en esa investigación, en particular”, explicó.
Sobre el señalamiento, Erwen Masís dijo que los procesos internos del Banco no eximen al país de aplicar la normativa penal nacional.
Feinzaig también preguntó al directivo si se puede garantizar la transparencia del crédito de $700 millones con el BCIE para la reconstrucción de infraestructura en riesgo inminente, como puentes, carreteras y escuelas, “si al final de cuentas, el Banco se reserva esa información y nosotros los diputados no podemos fiscalizar el correcto uso de esos recursos”.
Del total de los recursos del empréstito, $516 millones se asignarán por medio del mismo mecanismo de contratación del BCIE que usó la Casa Presidencial para contratar a Bulgarelli.
Masís aseguró que uno de los controles que tiene el BCIE es la carta de presentación de los oferentes, pero además de eso, existen lineamientos de auditorías internas y auditorías externas.
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Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), acusó a Masís de “cubrirle la espalda a lo que está pasando de forma irregular en el BCIE” y lo fustigó por no realizar gestiones para incluir, en el proceso de investigación del Banco, a los funcionarios del Poder Ejecutivo que participaron en la contratación de Bulgarelli
Asimismo, Robles criticó al director por no informar cuáles funcionarios del BCIE recibieron la propuesta del Gobierno de Costa Rica sobre el uso del $1 millón que el Banco dona, anualmente, a todos los países miembros. Masís insistió en que esa es información está bajo reserva.
“Yo entiendo esa legislación; sin embargo, creo que en el ámbito de la transparencia, el BCIE debería comprometerse con que también tengamos acceso a los nombres de las personas que, desde el Banco, recibieron esa información”, expresó el frenteamplista.