El Gobierno de Nicaragua impidió ayer que Costa Rica entrara a evaluar el impacto ambiental de los dos nuevos canales que, según denunció la presidenta Laura Chinchilla, ese país abrió en el humedal costarricense de isla Calero.
Militares de la nación vecina, apostados en el puesto fronterizo de Delta Nicaragua, prohibieron navegar por el río San Juan a un equipo de seis profesionales del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) que pretendía ingresar en la zona para evaluar los daños.
No obstante, un helicóptero nacional logró hacer un video, en el que se observa una draga en uno de los canales y un campamento en la playa en la que desemboca el caño. Costa Rica sostiene que se trata de un albergue militar.
Zapote prevé que los canales, detectados en el extremo norte de la isla, se convertirían en nuevas desembocaduras del nicaragüense río San Juan hacia el mar Caribe, a través de territorio costarricense.
Anoche, el canciller Enrique Castillo informó de que no intentarán hacer una nueva incursión por vías terrestre y fluvial a la zona. En su criterio, el video es “prueba contundente e irrefutable” del daño ambiental provocado por la apertura de un canal con 200 metros de largo y hasta 30 metros de ancho.
Agregó que queda en evidencia la violación de la medida cautelar que impuso la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en marzo del 2011, según la cual Nicaragua y Costa Rica deben de abstenerse de entrar al territorio en disputa.
La Corte, con sede en La Haya, Holanda, otorgó al Gobierno costarricense la custodia ambiental de la zona, luego de que, en el 2010, la administración Chinchilla acusó a Nicaragua de invadir Calero y de construir con una draga un primer canal artificial, el cual se encuentra 2,6 kilómetros al sur de los detectados este setiembre.
Los nuevos caños fueron descubiertos mediante fotos satelitales.
Entre cancilleres. Samuel Santos, canciller nicaragüense, argumentó ayer en una nota que Costa Rica avisó de la inspección a “última hora” y que, con ello, incumple la medida cautelar de La Haya.
Santos alegó que las visitas deben ser notificadas a Nicaragua “para trabajar en conjunto y de esta forma encontrar soluciones”, al tiempo que negó que su Gobierno hubiese autorizado trabajo alguno en el área en disputa.
Asimismo, el diplomático nicaragüense sostuvo que negó el permiso de navegación al equipo del Minae porque el derecho costarricense sobre el río San Juan es solo “con fines de comercio”.
El canciller Castillo descartó que Costa Rica tenga que pedir permiso a Nicaragua para realizar inspecciones ambientales en la zona, o que ambos países estén obligados a hacer evaluaciones en conjunto.
En cuanto al derecho de navegación, insistió en que medir el daño ambiental es un propósito legitimado por La Haya. Para él, lo que ocurrió fue una “obstrucción”.
Al consultársele si el video es suficiente para hacer la evaluación ambiental, el diplomático respondió que las imágenes obtenidas permiten constatar, con fotos anteriores, el daño provocado al bosque.
Arnoldo Brenes, asesor legal de la Cancillería que acompañó al equipo del Minae al puesto fronterizo, relató que, tras consultar a Managua, los militares nicaragüenses dijeron que no podían ingresar porque este tipo de navegación debía ser coordinada entre Gobiernos.
El canciller costarricense dijo que presentarán una nueva carta de protesta por este hecho al gobierno sandinista y además darán parte a la Corte de La Haya.
Además, Chinchilla se reunirá el 27 de setiembre con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en Nueva York.