El MOPT le pagó a la constructora Sánchez Carvajal 210 días no laborados por lluvias, el equivalente a siete meses, durante la construcción de la carretera Chilamate-Vuelta de Kooper, que comunica San Carlos con Sarapiquí, en la lluviosa zona norte del país.
El total de días compensados por razones climáticas equivale al 22% de los primeros 32 meses de la obra, que transcurrieron entre el 17 de diciembre del 2012 y el 31 de julio del 2015.
En setiembre de este año, la Auditoría Interna del MOPT emitió un informe cuestionando el pago hecho en setiembre del 2016. No obstante, el contenido del documento es confidencial por tratarse de una relación de hechos que pide sentar responsabilidades.
Al tiempo que canceló días no laborados por lluvias, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) le pagó a la constructora otros 179 días no trabajados, pero por atrasos en la obtención de permisos para la tala de árboles y la ejecución de obras en cauces de ríos, así como en expropiaciones y cambios en el diseño de la vía.
En términos globales, a Sánchez Carvajal se le reconoció casi un año y un mes no laborado (389 días) y se le pagó ¢1.088 millones por el personal y la maquinaria que estaba en el lugar y que no pudo poner a trabajar. En promedio, se le indemnizó con ¢2,8 millones diarios.
El MOPT no precisó cuántos de esos millones obedecieron a lluvias y cuántos a otras razones.
La posibilidad de reclamar estos pagos fue incluida en el cartel de licitación que Sánchez Carvajal ganó para construir la carretera.
La gerenta de la Unidad Ejecutora de la obra, María del Carmen Gallardo, afirmó que en este contrato no se le puso un tope al número de días compensables, por lo que empresa está facultada para cobrar la cantidad que considere necesarios. En otros concursos, sí se ha puesto un límite, de 100 días, por ejemplo.
El pago de los ¢1.088 millones lo recomendó la supervisora del proyecto, Vieto & Asociados, pues la pretensión inicial de la constructora era que se le pagara ¢1.428 millones, el equivalente a 480 días, es decir, un 24% más.
Sánchez Carvajal cobró la compensación en marzo del 2016.
Recientemente, el MOPT perdió un arbitraje con esta constructora, también por el proyecto Chilamate-Vuelta de Kooper, por la forma en que se calculó parte del costo de la obra. En ese caso, la empresa le ganó al Estado un cobro de unos ¢900 millones.
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Esta ruta de 27 kilómetros le ha costado al MOPT casi ¢50.000 millones, un 42% más del monto pactado en un principio, debido principalmente al desarrollo de obras adicionales. El tránsito por esa ruta fue habilitado provisionalmente el pasado 23 de agosto después de cinco años de construcción, tres años más de lo previsto originalmente.
Cambio en metodología
La gerenta de la Unidad Ejecutora de la obra reconoció que, después de ese desembolso, se modificó el mecanismo utilizado para corroborar que realmente la empresa no pudo laborar, ya sea por lluvias o por cual cualquier otro hecho compensable.
Por su parte, Sánchez Carvajal insistió en que el no pago de estos gastos podría acarrearle al MOPT "condenas judiciales y arbitrales más grandes para el Estado".
"Los gastos administrativos por eventos compensables que ha reclamado la empresa, son del mismo tipo de los que han reconocido los tribunales de justicia en casos idénticos, y la administración pública a empresas como MECO y FCC en otros proyectos similares. Son totalmente usuales en los proyectos de construcción que sufren atrasos a causa de la lentitud del Estado en lograr expropiación de terrenos, permisos y otros" dijo la empresa en un correo electrónico enviado a este medio.
Actualmente, la constructora reclama el pago de otros ¢816 millones por otros días no laborados, por lluvia, entre agosto del 2015 y diciembre del 2016, pero el MOPT no especificó el número de días cobrados. Además, se prevé una tercera factura por el 2017.
MOPT promete ser más minucioso
María del Carmen Gallardo asegura que ahora son más minuciosos a la hora de solicitar a Sánchez Carvajal la documentación de respaldo.
Ella niega que se haya cometido un error en el primer pago. Afirma que, para ese entonces, no existía un mecanismo que estableciera el tipo de información que se le tenía que solicitar a la empresa de previo a efectuar el desembolso.
"No hay ninguna metodología que diga hoy exactamente cómo es que hay que hacerlo. Si se hiciera una metodología en el MOPT, o en cualquier otra parte, hubiese sido más fácil. La primera se hizo con una evaluación también de los gastos y lo hizo la supervisora que tiene conocimiento del proyecto. Y se pagó lo que correspondía en ese momento. Había un peso muy grande de los permisos (de corta de árboles y trabajo en cauce), que fueron los que nos obligaron a desplazar tres meses el inicio del proyecto".
"¿Por qué no lo hicimos ahora de esa misma forma? Entramos a un conocimiento mucho más detallado. Ya no estamos hablando de ¢1.000 millones por pagos que se justificaban por los permisos, sino que estamos hablando de ¢1.000 millones por lluvias. Entonces entramos a ver en qué forma el contratista podía sustentar con todo su peso el reclamo que estaba ejecutando", dijo Gallardo.
Agregó que, de los ¢816 millones que está cobrando la constructora, es muy probable que el MOPT solo pague un monto "muy inferior", debido a que Sánchez Carvajal no ha logrado acreditar que realmente incurrió en los gastos que está demandando.
"Hasta que no se demuestre de la forma en que se lo pedimos, no se va a pagar", enfatizó la jerarca de la Unidad Ejecutora del proyecto.
Sánchez Carvajal por su parte, niega que no haya facilitado la documentación necesaria para acreditar los respectivos cobros.
"Es totalmente falso que no se haya entregado la documentación de respaldo para el reclamo de esos gastos administrativos. Se entregaron 19 ampos con toda la información de respaldo como facturas, comprobantes de pago, etcétera", afirmó la constructora.