La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, les recomendó a los diputados fijar un plazo de cinco años para que venzan las exoneraciones de impuestos que el Estado otorga a diversos sectores, a fin de que, cumplido el periodo, se pueda revisar la conveniencia de mantener cada beneficio.
Aguilar propuso el plazo para nuevas exoneraciones, por ejemplo las que se incluyan en la reforma fiscal que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, así como para las vigentes una vez de que Hacienda las revise en un plazo de dos años.
Este martes, Aguilar compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se discute el proyecto de ley de Regímenes de Exenciones y no Sujeciones del Pago de Tributos, su Otorgamiento y Control sobre su Uso y Destino (expediente 19.531).
El proyecto otorgaría facultades al Ministerio de Hacienda para revocar exoneraciones por mal uso de los beneficios, así como la posiblidad de imponer sanciones e infracciones, pues actualmente carece de dicha potestad.
La entidad que emitiría esas sanciones sería la Dirección General de Hacienda.
El texto le daría 24 meses a Hacienda para revisar la relación costo-beneficio de las 1.300 exenciones actuales que recaen, especialmente, en el impuesto de ventas.
Este proyecto no derogaría ninguna exoneración vigente de las 440 leyes que los diputados han aprobado con el tiempo para no cobrar impuestos a ciertas actividades o sectores.
Lo que sí entraría a derogar son 138 exenciones que ya vencieron o no tienen sentido porque cumplieron su propósito.
De acuerdo con Aguilar, el 87% de las leyes de exoneraciones todavía están vigentes y el 67% no tiene ningún mecanismo de control.
Los tributos que el Estado no percibe en impuestos, por estas exenciones, representan el 5,38% del producto interno bruto (PIB).
En este monto, también están incluidos los impuestos que se dejan de cobrar a las zonas francas o cooperativas.
El Ministerio de Hacienda envió el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en mayo de 2015, pero posteriormente lo sustituyó por otro texto este año.
Los diputados del periodo anterior fueron los que mayor cantidad de exoneraciones fiscales han aprobado desde el año 2002.
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Aprobaron al menos 33 dispensas de pago de diversos gravámenes, las cuales contaron con el visto bueno de Casa Presidencial.
Dichas exenciones engrosan una larga lista de beneficios tributarios que se viene abultando y que el año entrante, según datos del Ministerio de Hacienda, provocará que el Gobierno deje de recaudar cerca de ¢2 billones.
