Una mesa de diálogo con sectores, convocada por el Gobierno, discute desde este martes en qué actividades laborales sería permitido aplicar las jornadas excepcionales conocidas como 4-3.
Así lo dijo el presidente Rodrigo Chaves al momento de recibir a los representantes sectoriales que participan del diálogo, el cual, según el mandatario, pretende lograr una mejor legislación que dé seguridad jurídica a patronos y trabajadores. Esta discusión no deberá tardar más de 15 días, pues, “el tiempo aprieta”, agregó.
“A partir de hoy ponemos en la mesa de negociación las actividades en que estarán permitidas estas jornadas y en cuáles no. Queremos bajar también las presas, la contaminación, los gastos en que tiene que incurrir el trabajador en transporte y alimentación, entre otros”, expuso el mandatario.
El texto plantea que una persona que labora en horario diurno trabajaría 12 horas diarias, durante cuatro días a la semana, y dispondría libres los tres días siguientes, respetando el límite semanal de 48 horas en jornada diurna, 42 en jornada mixta y 36 en nocturna.
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En el diálogo, iniciado a las 7 p. m. en uno de los salones de la Casa Presidencial, participaron, además de Chaves, las ministras de la Presidencia y de Trabajo, Natalia Díaz y Marta Esquivel.
Por el sector productivo asistieron representantes de las cámaras empresariales, del solidarismo y las cooperativas; también, sindicatos y los diputados jefes de bancadas de la Asamblea Legislativa.
Durante la bienvenida, el mandatario indicó que en el espacio de diálogo se escuchará la voz de todos los participantes “con el ánimo de construir el mejor proyecto posible”.
“Sin embargo, tiene que quedar claro y yo creo de corazón que, todas las personas que nos acompañan esta noche, tienen un compromiso con un máximo de 48 horas por semana, que un trabajador tendrá un plazo de tres meses para regresar a su jornada ordinaria si no desea continuar en las 4-3; 90 minutos diarios de descanso y no puede haber una disminución del salario”, citó Chaves sobre el contenido del proyecto de ley.
El presidente hizo ver la necesidad de lograr una mejor redacción de la iniciativa, en una coyuntura en la que hay “cientos de miles de desempleados”.
“Esta opción laboral ya está ofreciendo empleos a los más vulnerables. Piensen en los jóvenes, los menores de 40 años, las mujeres y hay un porcentaje importante de personas mayores de 45 años”, sostuvo.
Similar a lo planteado por el mandatario, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep), Álvaro Jenkins, indicó que al sector productivo le interesa que en el texto quede claro en qué tipo de sectores y, dentro de los sectores, en qué trabajos se pueden aplicar las jornadas excepcionales.
“Lo que nosotros estamos planteando es que esto sea solo en el sector privado sin incluir al sector público. Y dentro del sector privado siempre hemos dicho que es un tema voluntario, no obligatorio. Así que se tienen que poner de acuerdo los patronos con los trabajadores. Hay varios sectores como industria, agricultura y turismo.
“Lo que queremos es que quede bien especificado en el proyecto cuáles serían esos sectores y, además de sectores, cuáles serían los tipos de trabajos que estarían incluyendo ese tipo de jornadas”, planteó el vocero empresarial.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, aclaró que la ley laboral vigente impide rebajar salarios a los trabajadores. “Estamos hablando de una realidad entre salario ordinario y horas extras que los trabajadores han venido percibiendo y que en ningún momento se puede desestimar”, sentenció.
Con base en ese marco jurídico, añadió, deben hacerse los ajustes. “Si usted tiene un trabajador con trabajo ordinario y horas extras, por ejemplo, ahora lo que va a pasar es que las horas extras se convierten en trabajo ordinario, pero no se le va a rebajar ningún salario a los trabajadores. Ni se pretende, como se ha tratado de decir, que aquí el sector privado no quiere pagar horas extras. No, no es cierto. Eso es absolutamente incorrecto. Aquí se trata de construir y crear las condiciones para que podamos modernizar nuestro sistema laboral”, planteó Egloff.
Oposición de ANEP
Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), invitada a la mesa de diálogo, manifestó su oposición a la iniciativa. Albino Vargas, secretario general del sindicato, aseguró que no existe un estudio serio que justifique el cambio de jornadas.
El sindicalista añadió que un estudio del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitió un criterio adverso en enero del 2020.
Sin embargo, la jerarca del Ministerio de Trabajo, Marta Esquivel, aclaró que en realidad el estudio del CSO se refiere a que no hay estudios que demuestren lo positivo y lo negativo del proyecto. “Es precisamente lo que queremos aclarar. El proyecto le da una competencia de mucha relevancia al Consejo de Salud Ocupacional”, indicó la ministra.
“La base es hablar de transparencia para que tanto empleadores como trabajadores conozcan la realidad de sus derechos y el máximo de jornadas que se podrían permitir. En su defecto, la revisión para ver si ese máximo podría eventualmente generar algún deterioro en la salud.
“Aunque, realmente digo, en el caso particular de nosotras tres mujeres (incluye a la diputada oficialista Pilar Cisneros y a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz), hemos trabajado jornadas de más de 12 horas, tenemos nuestras familias, hemos estudiado incluso después de las jornadas y estamos superando la recta de que no por ello nos ha afectado la salud en nuestra condición particular. Sé que no todos somos iguales y por eso, precisamente, la jornada denominada 4-3 es optativa y excepcional”, aseguró Esquivel.
La ministra de Trabajo explicó que el encuentro de este martes sirvió, básicamente, para escuchar la posición de los sectores. Luego se acordó que a más tardar este viernes se enviarán a su ministerio los planteamientos por escrito y que, el próximo martes, habría un nuevo encuentro para discutir los puntos particulares.
El proyecto se dictaminó en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios y, se aproxima a la etapa de ajustes. “Ya es tiempo que el país cuente con una legislación moderna en materia de jornadas. Tenemos muchos años de no poner al día nuestra realidad social con la legislación laboral. Eso es lo que buscamos, pero siempre con el respeto de la dignidad de nuestros trabajadores”, dijo Esquivel.
