El magistrado Román Solís Zelaya, de la Sala I, solicitó a los diputados ser reelegido para un tercer periodo de ocho años, con la intención de darle continuidad a dos proyectos que él dirige en el Poder Judicial: el programa conocido como "jueces de pueblo" y el que procura la participación de las comunidades en la administración de los juzgados.
Solís, de 63 años y electo magistrado por primera vez en el 2001, advierte además que la Sala I está saturada de casos contra el Estado. Él aboga por la introducción de la oralidad para agilizar la resolución de estos recursos de casación, que hoy se demoran hasta dos años.
En cuanto a las pensiones del Poder Judicial, las califica de privilegio y sostiene que las medidas para evitar su colapso serán dolorosas. Recuerda que en 1990, siendo él procurador, apoyó una acción de inconstitucionalidad que buscaba la eliminación de todos los regímenes especiales, pues él sostenía que el constituyente creó un régimen único: el de la CCSS.
En esta entrevista, el magistrado explica su deseo de reelegirse:
-¿Ya compareció en el Congreso?
Sí. No quise formar parte de toda esa discusión de lo que sucedió con el anterior nombramiento (de Jesús Ramírez, de la Sala III), de exonerarlo a uno de la presentación del informe, que además es una obligación constitucional, artículo 11 de la Constitución Política, la rendición de cuentas.
"Envié un informe objetivo, no es para autoalardear. Fui objetivo en determinar que tenemos un atraso serio, considerable, que ya llega a los dos años en la resolución de recursos de casación en materia fundamentalmente contenciosa administrativa (juicios contra el Estado), pero que también estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, como Sala, los cinco magistrados, para bajar ese nivel de atraso".
-¿Ese incremento se disparó desde la reforma contenciosa administrativa?
Desde la reforma.
-¿Con la reforma se liberó un tapón que hacía que tardara mucho la posibilidad de que un ciudadano llegara hasta casación?
Sí, sí. Al día de hoy, el porcentaje de recursos en materia contenciosa administrativa supera el 80% de los expedientes que hay en mi Sala, casi que resolvemos temas de derecho administrativo. El otro 20% se divide entre materias civil, agraria y notarial. La justicia es un servicio público y la obligación del Estado es propiciar y facilitar que el ciudadano tenga la posibilidad de llevar sus diferencias a ser resueltas por un juez. Es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 49 de nuestra Constitución Política, el que los ciudadanos puedan demandar al Estado. Es algo que solamente Costa Rica lo tiene. El derecho de someter a la legalidad las actuaciones del poder público.
-¿Existe una estadística de qué porcentaje de casos son ganados por el Estado y perdidos por el Estado?
Sí claro, mayoritariamente los casos los gana el Estado, eso expresa que algunas demandas no tienen razón de ser, como es tan fácil demandar en materia contenciosa. Y desagraciadamente hemos caído en un fenómeno de activismo judicial. Nuestros profesionales en derecho son formados para establecer litigios, para establecer juicios, no son formados para buscar soluciones conciliatorias y eso tiene una incidencia muy alta.
-¿Debería haber un filtro adicional?
Es que el filtro fue abierto con la reforma, que hizo que los juicios duraran menos y, al durar año o año y medio, hay un mayor ingreso de recursos de casación a la Sala I. Siempre que hay un juicio contencioso, el que pierde presenta un recurso de casación; sea el Estado con la Procuduría o sea el particular. Los requisitos se variaron, son menos rígidos que los que tiene la legislación procesal civil. Eso va a variar cuando entre a regir el nuevo Código Procesal Civil.
"Eso hace que se den esos porcentajes tan llamativos con un dato polémico: el recurso de casación en su tramitología ante la Sala no fue tocado, la oralidad no está presente y eso hace que la fase de casación sea totalmente escrita y eso atrasa mucho. Explico: me llega un juicio donde el recurso alega que el juez interpretó mal el testimonio de aquel testigo. Entonces, yo tengo que buscar la grabación para oír eso y transcribirla porque tengo que referirme a esa grabación en el documento escrito, porque no podemos dictar sentencias orales. En el juicio de Crucitas, el video duraba 50 horas. Uno tiene que andar navegando por todo el video para llegar al punto que el abogado cuestiona, o el peritaje de un perito. Lo que yo duraba tres días ahora duro fácilmente una semana o quince días".
-¿Cómo corregir eso? ¿Que ustedes puedan hacer procesos orales?
Hacia eso iría la tendencia, el nuevo Código Procesal Civil va en esa línea, resolver con mayor simplicidad.
-Dice que la mayoría de las demandas las gana el Estado, ¿por que tiene buen abogado?
La Procuraduría tiene un equipo especializados que permite una solvencia profesional que hace que se den esos índices, eso no significa que en el sector privado no haya excelencia. Lo que sucede es que muchos de los litigios son planteados sin tener certeza de que el derecho asiste, o los presentaron fuera del plazo.
-¿El Estado se sabe defender o las personas demandan al Estado por cuestiones que realmente no tienen asidero?
Demandan por cuestiones que el abogado no valoró, no ofrece prueba, deja abandonado el proceso, no tiene una claridad con la teoría del caso.
-¿Cuáles son las materias más comunes en las que el Estado es condenado?
Tributario, responsabilidad por la prestación de servicios públicos, ahí entra la CCSS, el MOPT, el AyA, que son entidades que tienen mucho juicio, como ahora se puede demandar al Estado por no construir un puente, no construir una carretera, no tener servicio eléctrico, no dar seguridad. Son figuras que el Código permite demandar que se llaman omisivas. Por ejemplo, hace unos años, dicté una sentencia condenando al Estado porque en la carretera de Dominical a Palmar norte había un tramo que no estaba señalizado y había muchos accidentes. Y un día mataron a una señora en un atropello, y la mataron en horas de la noche y era porque la carretera no estaba pintada, ni había señales que le indicaran al conductor que se estaba acercando a un centro poblacional.
-¿Por qué decide mantenerse en la magistratura?
Primero, porque estoy bien de salud, con ganas de seguir trabajando, con capacidad profesional y mental adecuada, y tengo a mi cargo proyectos que considero son necesarios su permanencia en la corte. Uno de ellos es el de facilitadores judiciales, que abrimos hace 4 años, que está orientado a facilitar a las comunidades rurales, muy alejadas, la resolución de sus conflictos mediante la conciliación, sin necesidad de que el tema llegue al conocimiento de un juez. Eso reduce el nivel de expedientes y genera mayor tranquilidad en las comunidades (para elegir los facilitadoras, se habla con asociaciones, grupos organizados y grupos religiosos, por ejemplo).
-¿Es la figura del juez del pueblo?
Sí, es este. Ya se consolidó, está en todo el territorio excepto en Talamanca, donde nos afectan las grandes distancias. Tenemos más de 570 facilitadoras mayoritariamente mujeres que son preparadas por la Escuela Judicial en cursos básicos de distintos temas legales: pensiones alimentarias, derecho agrario, derecho civil, violencia doméstica y, dándose alguna situación apremiante en la comunidad, las partes las buscan para que concilie.
LEA: Jueces de pueblo resolvieron el 80% de los conflictos vecinales que analizaron este año
-¿Cuál es su meta con ese proyecto?
Primero, cubrir todo el territorio nacional y duplicar ese número de facilitadores. Estos son ad honorem, que de manera gratuita donan tiempo a su comunidad. En zona urbana no hemos pensado en abrirlo aún, tenemos que abrirlo. Como son zonas rurales, hay mucho respeto, mucha confianza. Queda excluido narcotráfico, crimen organizado, homicidios...
El otro proyecto es el de participación ciudadana en la administración de justicia. También está bajo mi cargo. Consiste en facilitar a las comunidades que haya un representante de ellas en la administración de los circuitos judiciales. Al día de hoy tenemos dos, Pococí y Ciudad Quesada. La comunidad se organiza y elige una persona que va a las sesiones del consejo de administración de circuito judicial. Ahora estamos trabajando por abrir en Limón centro y Pérez Zeledón.
-¿Esto con qué fin?
Para que hagan sugerencias sobre la forma en que se presta el servicio público de justicia, horarios de atención. A mí me molesta mucho cuando voy a Guápiles y veo esas filas con ese sol, porque cierran de 12 mediodía a 1 p. m., y están las personas haciendo fila. Eso es una cuestión que ya el ciudadano que representa puso la queja.
-Sobre las pensiones del Poder Judicial, ¿cuál es su posición?
El tema es crítico, ya los estudios técnicos actuariales que se han adelantado son contundentes en determinar que el futuro del régimen pensionístico del Poder Judicial hace aguas, por el faltante eventual de ¢5,3 billones. Aquí no es para buscar chivos expiatorios. El régimen pensionístico, que es un régimen, y lo digo, privilegiado, estructurado para el funcionario judicial, estuvo funcionando con algún grado de capacidad y solvencia y eso hizo que los administradores del fondo, que no somos los magistrados, sino el Consejo Superior, estando en esa etapa de confort y de tranquilidad, no visualizaran qué podía pasar dentro de 20, 30 años, tomando en cuenta las variables económicas y sociodemográficas del país.
"Se quedaron viviendo el presente. Ya cuando estalló el asunto, era muy tarde. Y ahora la solución que vaya a tomar la Asamblea Legislativa, que es la que tiene la decisión, sin lugar a dudas será una decisión dolorosa para los funcionarios judiciales, pero es la única medida que hay para sostener el fondo.
Hace algunos años, allá por el año de 1990, ese tema estuvo en manos de la Sala IV cuando alguien planteó una acción considerando que todos los sistemas pensionísticos, incluyendo el del Poder Judicial, era inconstitucionales porque el constituyente solo previó uno: el de la CCSS. Y a mí me correspondió, siendo procurador, contestar la acción y nos allanamos, diciendo que llevaba razón el accionante. Pero no logramos convencer a la Sala IV y la Sala lo que resolvió fue que el constituyente estableció un mínimo, como es materia de derecho social progresivo, y que el legislador ordinario podía ampliar esos beneficios mínimos a dar otros contenidos. Eso es lo que explica por qué el día de hoy existe el Magisterio Nacional, Hacienda, Poder Judicial. No hubo una visión de futuro, de qué iba a tener el país con cambio de siglo, la población laboral, la población pensionada".