El servicio nacional de facilitadores y facilitadoras judiciales (jueces de pueblo), realizó esta año 106 mediaciones en sus comunidades, de las que el 80.2% tuvo acuerdos y el 19.8% no lo tuvo.
Se trata de 180 personas de lugares rurales del país tales como Río Grande de Esparza, Isla Chira, Tárcoles, Mata de Plátano y Bijagual de Garabito, así como de San Juan Chiquito, Salinas, Siquirres y Sarapiquí.
Esos costarricenses prácticamente tienen una respuesta para cualquier consulta de carácter legal que tengan los vecinos de su comunidad y cuentan con los conocimientos necesarios para intervenir en conflictos vecinales y lograr una solución pacífica en distintos temas; con excepción de materia penal y violencia intrafamiliar.
Ellos ven principalmente líos de tierras, árboles y animales.
Además de las mediaciones, orientaron a 579 personas durante este año e impartieron 142 charlas a un total de 1902 personas.
El magistrado Román Solís, coordinador de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), expresó que esas personas materializan la aspiración del Poder Judicial costarricense, garantizando el derecho de acceso a la justicia para todos.
Este programa es impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA), con el financiamiento de la embajada del Reino de los Países Bajos.
"Para mí es algo de lo más bonito que me ha pasado, por las facilidades que presto en mi comunidad tales como orientación y capacitación. He aprendido sobre los deberes que tengo como persona", puntualizó Carlos Sequeira Matarrita, facilitador judicial de Siquirres, Limón.
La Conamaj escogió como tema para su agenda 2015, el trabajo del servicio nacional de facilitadores y facilitadoras judiciales.
"Ha significado compromiso, porque el trabajo que hago dentro de la comunidad me permite entender que la gente merece una mejor calidad de vida y esto lo podemos encontrar ayudado al acceso a la justicia", comentó Frezy Marín Morales, facilitadora judicial de Sarapiquí, Heredia.