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La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) es la responsable de tomar la iniciativa para recuperar las sumas giradas de más a un grupo de pensionados de lujo del régimen del Magisterio Nacional.
Así lo concluyó la Procuraduría General de la República (PGR) en una opinión jurídica enviada el 2 de marzo pasado al Ministerio de Hacienda, a solicitud del entonces titular de esa cartera, Helio Fallas.
Fallas consultó a la PGR cuál era la forma de recuperar la contribución solidaria que 325 pensionados del Magisterio no pagaron, en los últimos años, porque se eximieron de hacerlo acudiendo a tribunales. Se trata de personas que reciben más de ¢3,8 millones mensuales y que, según la ley, se les debe deducir una parte.
La Procuraduría contestó que "el ente encargado de tomar la iniciativa para la recuperación de las sumas que eventualmente se hayan girado de más a los pensionados y jubilados del régimen del Magisterio Nacional es la Jupema, deber que se deriva de su condición de administrador del régimen".
Esa responsabilidad no impide, aclaró la PGR, que la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones (Supen) realicen las "labores de fiscalización y control" que las ley les ha atribuido.
Sin embargo, el director ejecutivo de Jupema, Róger Porras Rojas, afirmó este martes a La Nación que la iniciativa que le correspondía asumir a la Junta era únicamente identificar los casos de los pensionados a quienes se había exonerado del pago de la contribución solidaria y trasladar esa lista al Ministerio de Trabajo.
Según Porras, ese paso se dio apenas la Jupema tuvo conocimiento de la opinión jurídica de la Procuraduría.
"Nosotros (Jupema) tomamos la iniciativa de acuerdo a la instrucción de la Procuraduría e hicimos lo que nos tocaba por nuestra competencia, que es identificar cuáles son los casos que están exonerados de la aplicación del artículo 71 (de la ley 7531) y remitir los expedientes al Ministerio de Trabajo; allí ya están todos los casos", declaró.
Cuando se le insistió en que, según la opinión de la Procuraduría, a Jupema le toca la recuperación de las sumas pagadas de más a los pensionados del Magisterio, Porras reiteró su respuesta de que esa iniciativa ya se tomó de acuerdo a las competencias de la entidad.
Porras dijo que le compete a los tribunales deshacer los actos declarativos de derecho que crearon la exoneración del pago de la contribución en cada uno de los casos.
Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, el monto que han dejado de pagar los pensionados de lujo por concepto de la contribución solidaria supera los ¢1.700 millones anuales.
También concluyó la Procuraduría que Hacienda es la institución que debe ejecutar la retención de la contribución especial con base la propuesta que realice Jupema y que Hacienda, además de su función de pagador, ostenta facultades de fiscalización que le permitan negarse a ejecutar los pagos cuando no se le suministre la información requerida para autorizarlos, entre otros aspectos.
Otro panorama
La idea de recuperar el dinero la inició, en agosto del año pasado, el entonces diputado Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC), ante el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, el gobierno de Luis Guillermo Solís le dio largas a la solicitud de Ottón Solís de iniciar la recuperación de los dineros, con el argumento de que no era legamente viable para Hacienda desatender lo ordenado en sentencias judiciales y administrativas que estaban en firme.
Fue hasta enero del 2018, cinco meses después de que el ahora exlegislador enviara su primer oficio, que Hacienda accedió a hacerle la consulta jurídica a la Procuraduría para empezar a buscar un mecanismo jurídico "aceptable" para la aplicación de la contribución solidaria establecida en el artículo 71 de la ley 7531.
Tras el cambio de administración, el Consejo de Gobierno tomó, la semana pasada, la decisión de presentar los procesos de lesividad contra un grupo de los pensionados del régimen del Magisterio que han venido gozando de una exoneración ilegal del pago de la contribución solidaria.
El Consejo de Gobierno le solicitó a la Procuraduría entablar los procesos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a solicitud del Ministerio de Trabajo.
Róger Porras dijo que ese paso es la conclusión de la decisión que tomó la Jupema de armar las listas con los pensionados del Magisterio que han estado exonerados del pago de la contribución solidaria.
La característica de las pensiones de esas personas es que sobrepasan los ¢3,8 millones mensuales y en algunos casos llegan a los ¢11,2 millones.
Ellos debían de aportar al Estado entre un 25% y un 75% del monto que exceda los ¢3,8 millones, según la ley 7531 de 1995 (Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio). Mientras más reciben, mayor porcentaje debían dar.
Sin embargo, esas personas alegaron ante los Tribunales que esa contribución solidaria lesionaba sus derechos, fallando estos a su favor y creando la exoneración.
No obstante, tres fallos de la Sala II de la Corte variaron la jurisprudencia, lo cual obligaba a cobrarles la contribución y a recuperar el dinero que han dejado de pagar desde que se creó la ley.
La Procuraduría, además de establecer en su opinión jurídica que la Jupema es la que debe tomar la iniciativa de recuperar el dinero, agregó que todos los pensionados y jubilados del Magisterio Nacional que reciban prestaciones que excedan el tope máximo establecido por ley deben pagar la contribución.
La PGR agregó que deberán analizarse las opciones para anular los actos declarativos de derechos emitidos después del 13 de julio de 1995, cuando entró en vigencia la ley 7531, los cuales permitieron a ciertos pensionados no pagar la contribución especial.
