Así lo concluyó la Procuraduría General de la República (PGR) en una opinión jurídica enviada el 2 de marzo pasado al Ministerio de Hacienda, a solicitud del entonces titular de esa cartera, Helio Fallas.
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Según Gilberto Cascante, vocero del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio, el traslado de los docentes le demandaría al Gobierno ¢1.000 millones en cinco años, y no los montos que calculó Hacienda.
La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) enfrenta una deuda de hasta ¢238 millones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por evadir parte de sus obligaciones sociales entre el año 2003 y el 2014.