Por negligencia en la defensa en un proceso judicial, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) tuvo que pagar poco más de ¢6.100 millones a 11 dueños de propiedades ubicadas en territorios indígenas, quienes habían sido expropiados en 1979.
Aunque tenía los argumentos para defenderse, la entidad no se presentó a algunos juicios y tampoco apeló algunas resoluciones que pudieron liberarla del millonario desembolso.
Al final, en el 2013 perdió la demanda y fue declarada rebelde por no haber pagado esas indemnizaciones desde hacía ya casi cuatro décadas.
Así lo reconoció en una entrevista con La Nación la actual directora de Asuntos Jurídicos del Instituto, Patricia Calderón.
“Estamos demostrando que muchas de estas propiedades ya habían sido pagadas, pero esos documentos estaban perdidos, extrañamente.
”Sabemos que en algunos de estos casos, esas tierras las siguen ocupando las mismas personas a las que se les pagó la indemnización”, agregó.
Dudas
La forma en que el Inder llevó su defensa incluso generó sorpresa en el abogado de los 11 demandantes, Derroy Jeiner Navas Beita. Él aseguró que, tanto en aquella época, como ahora, no logra entender por qué la entidad actúo así, aunque reconoce que precisamente esa negligencia le ayudó a ganar los casos.
“Si el Estado hubiera pagado esto desde 1977, con esos ¢100 millones (fondos que tenía que haber reservado ese año para pagar las indemnizaciones), esto no hubiera pasado”, declaró Navas.
Otro aspecto que encendió las alertas en la actual administración del Inder, es el hecho de que el avalúo lo realizara el Ministerio de Hacienda, a pesar de que la Ley Indígena, aprobada en 1977, establece que el Inder (en ese entonces llamado ITCO) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) son los entes responsables de coordinar los trámites y estudios de expropiaciones.
Ante tales dudas, estos 11 casos, y otros 32 que son similares y que todavía están en los estrados judiciales y por ende no se han pagado, están siendo analizados, pues existen sospechas de que el departamento jurídico del Inder trabajaba con cierta deficiencia.
Incluso, el director que estuvo a cargo de esa dependencia en esa época, fue despedido junto a su asistente luego de que se efectuó el millonario pago.
“Tenemos una condena que está asumiendo el Estado, que se está pagando con dineros de todos los costarricenses, que podría entenderse como una negligencia, por lo que estamos investigando este y otros casos”, manifestó Diana Murillo, gerente general del Inder.
Viejo yerro
Las demandas surgieron luego de que el Inder incumplió con la obligación estipulada en la Ley Indígena de 1977 de crear un fondo de ¢100 millones, en cuatro cuotas anuales de ¢25 millones, para cancelar las indemnizaciones a aquellos no indígenas que tuvieran tierras dentro de esos territorios.
Por esa omisión fue que las expropiaciones se atrasaron durante décadas y ahora la situación está generando conflictos entre indígenas y no indígenas en distintas zonas del país.
Admite dudas
Fue bajo la dirección del ahora diputado y precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, que se tramitó el desembolso de los ¢6.100 millones con recursos de Hacienda.
Si bien la demanda fue interpuesta antes de que González llegara a la Presidencia Ejecutiva del Inder, fue durante los últimos meses de su mandato que la institución acató la condena de pago, a pesar de que él mismo admite que había varios elementos sospechosos y “discutibles” en los montos a cancelar.
“Me cuestioné el costo de los avalúos, pero en una cosa juzgada o se ejecuta la sentencia o se responsabiliza por la no ejecución”, expresó González, quien añadió que en su momento se opuso a las intenciones de los demandantes e incluso presentó una acción de inconstitucionalidad que no prosperó.
En cuanto al desinterés mostrado por los propios abogados del Inder en el proceso judicial, el legislador verdiblanco alegó que pudo ser un descuido.
“Yo no tengo el expediente y no recuerdo los trámites al detalle. Yo no estaba al tanto de la demanda hasta que cumplimos con la sentencia. La atención de los litigios corresponde a la Dirección Jurídica (...). Si no hubo presentación, me parece que fue un acto de descuido en la Dirección Jurídica, o de indolencia”, argumentó González.
Distribución
Una cuarta parte de los ¢6.100 millones quedó en manos del abogado que representó a los demandantes, por concepto de honorarios.
El licenciado Navas Beita, indígena graduado de notario durante la década pasada, obtuvo un pago por ¢1.615 millones, según la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo.
El defensor aduce que el monto es por su cuota litis (honorarios), y responde al cobro del 15% de lo obtenido por sus clientes si la demanda prosperaba.
Los expropiados que ganaron la demanda cobraron en su mayoría entre ¢200 y ¢400 millones, aunque el propietario Víctor León Beita Henrichs –quien ya murió y era pariente lejano del abogado– obtuvo ¢2.279 millones y se le quedaron debiendo casi ¢1.000 millones más.
Alrededor de ¢1.000 millones más fueron por concepto de intereses, por el atraso en la cancelación de las expropiaciones.