Escuchar
La Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos (CEIPP) buscará un acercamiento con el embajador de Estados Unidos, Stafford Fitzgerald Haney.
Randall Benavides, presidente de la cámara, dijo que gestionarán una reunión con el emisario diplomático porque el manejo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) les está provocando pérdidas por más de ¢5 millones por contenedor, debido a retrasos en la descarga de productos perecederos.
La razón por la que los empresarios acudirán a la Embajada de Estados Unidos es porque Haney, en una entrevista con La Nación , afirmó que la política agrícola de Solís está tensando la relación comercial bilateral.
Y fue especialmente crítico con las actuaciones del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), el que, señaló, se está guiando con criterios políticos y no técnicos, que complican el intercambio comercial “cien por ciento”.
A raíz de los señalamientos de Haney, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para que el director del SFE, Francisco Dall’Anese, comparezca para aclarar las dudas sobre su labor.
Benavides, en tanto, dijo que las críticas del embajador concuerdan con la experiencia diaria en campo de los importadores de bienes perecederos.
Detalló que ese sector enfrenta procesos de 12 hasta 15 días para la inspección, análisis, y nacionalización de productos frescos, ante la existencia de controles excesivos y falta de personal del MAG y del SFE.
“En el MAG están actuando con soberbia. No hay interlocutores válidos”, se quejó.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) tampoco está exento de los cuestionamientos.
El importador opinó que el ministro Alexánder Mora no hace valer el trato igualitario entre el producto nacional y el extranjero, tal y como lo ordenan los tratados de libre comercio.
“Eso va en contra del buen nombre de Costa Rica en el exterior; los socios comerciales están molestos”, señaló Benavides.
Rumores. Mora, en tanto, pidió a la CEIPP sustentar sus quejas con casos concretos.
De los contrario, afirmó, no podría actuar con base en “rumores” de mal funcionamiento aduanero y fitosanitario.
El ministro sí aceptó que la falta de coordinación entre entidades públicas es un mal crónico que afecta los trámites aduanales y agregó que el antídoto sería la aprobación del Proyecto de Ley de Facilitación del Comercio.
