El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez Solano, les pidió más dinero a los diputados para implementar las “nuevas obligaciones” que le impondría el proyecto de ley para la legalización de la marihuana para uso recreativo en el país.
Durante una audiencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, Ramírez emitió, la mañana de este martes, un criterio a nombre de la institución encargada de coordinar propuestas preventivas y represivas contra las drogas.
El jerarca evitó expresar una opinión favorable o desfavorable sobre la propuesta. Prefirió hacer observaciones puntuales sobre varios artículos del expediente legislativo, en particular aquellos que implicarían mayores obligaciones para el ICD.
Por ejemplo, recomendó que se destine al ICD un porcentaje de lo cobrado por las licencias para el cultivo, producción y comercialización de marihuana, así como parte de los recursos que ingresen por concepto de multas.
También pidió que se reforme el proyecto para no exigirle al ICD que el 10% de lo que se recaude por impuesto sobre la renta a la comercialización de la marihuana sea utilizado exclusivamente para cumplir las obligaciones que ya hoy tiene.
Dichas obligaciones están establecidas en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (8204).
Varios diputados intentaron que Ramírez emitiera una opinión más clara sobre el plan, tal como lo hizo Randall Zúñiga, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien la semana pasada se opuso totalmente al proyecto y declaró que la iniciativa conlleva más perjuicios que beneficios.
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El diputado David Segura, del Partido Nueva República, consideró irresponsable la defensa de la iniciativa que hizo Fernando Ramírez, pues alegó que apenas tiene un mes en el puesto, no tiene “informes o criterios técnicos” y tampoco participó en la construcción del proyecto.
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“Trató de esconder el impacto que provocará en la población menor de edad, alegando que el proyecto solo contempla a los mayores.
“La ilegalización de las drogas psicoactivas como la marihuana, al día de hoy, es absoluta. Órganos internacionales que hablan acerca de la despenalización y de la legalización no diferencian el impacto de estas decisiones por distingos de edad”, adujo Segura.
El fabricista calificó la posición de Ramírez como sesgada, pues argumentó que hay informes del propio ICD que advierten del impacto de la marihuana entre los jóvenes.
Por su parte, el frenteamplista Ariel Robles sostuvo que la posición del ICD fue más técnica que la del OIJ, sobre el alcance de los artículos y los planteamientos de Ramírez para hacer reformas a otras leyes y a la misma propuesta del texto base.
“Hizo referencia a la responsabilidad que tiene el ICD sobre la educación y prevención del consumo de drogas, a lo que no se le da seguimiento como debería, para evitar el paradigma más punitivo”, indicó Robles.
