El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, anunció que la institución se opone totalmente al proyecto de ley del gobierno de Rodrigo Chaves para la legalización de la marihuana para uso recreativo.
El jerarca comentó que calificar la marihuana como recreativa significa enviar un mensaje a la sociedad costarricense en general y a los jóvenes, en particular, de que el uso de esa droga es bueno, que es como el esparcimiento familiar y los deportes, que son recreativos.
“Eso envía una señal que consideramos no es la correcta, los jóvenes van a interpretar que el uso de la droga es bueno y que no tiene consecuencias”, refirió Zúñiga.
Así lo dijo este miércoles, en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, donde puntualizó varios aspectos por los que la Policía Judicial se opone a la iniciativa presidencial.
Zúñiga aseguró que se oponen desde el mismo concepto, porque aseguró que no se le puede dar el concepto de “cannabis de uso recreativo”, sino de “uso no medicinal”, por la carga positiva que tiene el término recreativo.
También, cuestionó que se plantee como un asunto positivo para la economía y para la generación de puestos de empleo, pues adujo que ese tema “no aporta mucho valor a la sociedad como tal frente al cambio del asunto de salud de los jóvenes costarricenses”.
El director de la Policía Judicial hizo un llamado a los diputados de la Comisión de Ambiente para que no se hagan comparaciones de Costa Rica, por tamaño del país y de la población, con Uruguay, nación suramericana que legalizó la marihuana.
De hecho, Zúñiga advirtió de que la experiencia uruguaya es muy diferente porque Costa Rica sí está en la ruta de exportación de la droga desde países exportadores como Colombia, Ecuador y Jamaica.
Michael Soto, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, alegó que el Informe Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del 2022 refuta la teoría de que legalizar la marihuana reduce los delitos violentos y contra la propiedad.
Soto afirmó que las tasas de delincuencia de los países donde está legalizada, frente a los que no lo han hecho, es muy similar, por lo que “tampoco es cierto que ese tipo de delitos van a disminuir”.
El director del OIJ apuntó que las estadísticas nacionales para el 2020 indican que hubo, ese año, atención a 4.541 personas por alguna enfermedad mental o comportamiento por consumo de cannabis, pero dijo que se trata de un dato sesgado por la restricción de la atención en centros de salud por causa de la pandemia de covid-19. Zúñiga consideró que los números podrían ser mucho mayores.
Los hábitos de consumo de drogas podrían haberse vuelto más dañinos durante la pandemia, aseguró Randall Zúñiga. Apuntó que, en los países donde el cannabis psicoactivo es de consumo legal, la principal droga consumida por personas en tratamiento clínico es el cannabis.
“Entre las personas más afectadas por la pandemia, estuvieron los jóvenes, estudiantes, en su imposibilidad de socializar. Es decir, hay un grupo vulnerable que se está haciendo mayor de edad y va a ser el más afectado por el consumo, la adicción y tratamiento por cannabis”, aseguró.
También, el director del OIJ hizo referencia a estudios de opinión en que los costarricenses manifiestan oponerse en mayoría a la “liberalización de la droga como mecanismo de diversión o recreación”.
Michael Soto agregó que los datos planteados por la exposición de motivos del proyecto están incompletos o inconclusos, por ejemplo cuando habla de los decomisos que hacen las policías de marihuana, y negó que se deje de lado la persecución de grandes cantidades de esa droga.
“El consumo local es importante, significativo y realmente golpea al país. La exposición de motivos hace parecer que no hay un impacto sobre el tráfico de drogas en el país”, cuestionó el exministro de Seguridad.
De hecho, apuntó que la cantidad decomisada ha aumentado desde el 2019, cuando se incautaron cerca de 10 toneladas de marihuana, al 2021, cuando se llegó a 20 toneladas y el año en curso, que lleva ya decomisos por 18 toneladas.
“No es cierto que tengamos un enfoque al consumidor”, agregó.
Soto también criticó el concepto de apertura del mercado, para mejorar la calidad y precio del producto, pues dijo que eso promovería que el mercado ilegal busque un producto de mucha más alta calidad para competir y sacar al mercado lícito.
Agregó que, para el 2021, por ejemplo, casi la mitad de los canadienses obtuvieron su cannabis de una fuente no autorizada, ilegal, como ha sucedido con el mercado del licor y de los cigarrillos y enfatizó que, en Costa Rica, se decomisaron 240 millones de cigarrillos entre el 2018 y el 2021.
