El Gobierno espera que la Sala IV defina la constitucionalidad del proyecto de ley que reviviría la pesca con redes de arrastre en el fondo marino, el cual fue aprobado por los diputados el miércoles en primer debate.
Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, afirma que el Poder Ejecutivo respalda una eventual consulta de constitucionalidad al proyecto de ley que reviviría esta técnica de captura de camarón, el cual fue aprobado en primer debate en el Congreso.
“El Gobierno es respetuoso de este proceso del Poder Legislativo y ve con buenos ojos una potencial consulta a la Sala Constitucional con el ánimo de no violentar nuestro marco normativo", declaró Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia.
Hace casi dos meses, a fijar la posición de gobierno, Morales había adelantado que el Ejecutivo y la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) no respaldaban la iniciativa por los daños ambientales que puede provocar, ni tampoco el informe del Incopesca que lo sustenta.
El plan podría ser enviado a la Sala Constitucional por diputados que se oponen a reactivar esa técnica de pesca, tras ser aprobado con 26 votos a favor y 18 en contra.
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La fracción del PAC, que cuenta con nueve legisladores en ejercicio (pues Víctor Morales se desempeña como ministro), busca las diez firmas requeridas para enviar la consulta al máximo tribunal constitucional.
“Es claro que los estudios del proyecto no son suficientes para justificar la reactivación de la actividad. Esto es un vicio constitucional que no puede salvarse. Las familias que dependen del mar requieren urgentemente soluciones reales”, explicó el diputado del PAC, Mario Castillo Méndez, en un comunicado.
Castillo es el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso, donde se dictaminó el proyecto hace un mes con el voto de seis legisladores provenientes del bloque Nueva República (PNR) y de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiano (PUSC) y Restauración Nacional (PRN).
El texto se sustenta sustenta en un informe del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el cual afirma que mediante el uso de una nueva red, denominada AA Costa Rica, por cada tonelada de pesca se obtiene un 75% de camarón y un 25% de fauna de acompañamiento (FACA), es decir, de otras especies.
Con el método tradicional, la relación era 5% de camarón y 95% de FACA.
Para lograr revertir los porcentajes, según el estudio, biólogos del Incopesca redujeron el tamaño de la red, modificaron el dispositivo excluidor de tortugas y agregaron nuevos elementos para facilitar el escape de otras especies.
Sin embargo, biólogos de la Universidad Nacional (UNA) y de la Universidad de Costa Rica (UCR) cuestionan el rigor científico de los experimentos.
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El proyecto de ley autorizaría al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para restituir temporalmente licencias de pesca suspendidas a partir del 2013, año en que la Sala IV declaró inconstitucional la pesca de arrastre por los daños ambientales que produce.
Esas licencias temporales servirían para que el Incopesca, con sus propios investigadores a bordo, desarrollen durante un año otras investigaciones sobre disponibilidad del recurso, tallas del camarón o épocas reproductivas.
Dependiendo de esos resultados, el Incopesca podría otorgar nuevas licencias a embarcaciones semiindustriales.
Melvin Núñez, diputado del PRN y principal impulsor del proyecto, considera que, al habilitar la actividad, se favorecería el empleo en las zonas costeras, debido a que sus economías se deprimieron desde el fallo de la Sala.
Por su parte, el director de la fundación Marviva, Jorge Jiménez, afirmó: “Es lamentable que la politíca pesquera de este país se tenga que discutir, una vez más, en los tribunales de justicia, ante la debilidad de las instituciones nacionales de generar una sólida política pesquera que asegure la salud de nuestros mares y el beneficio para miles de pescadores que lo requiere.
"Seguiremos adelante con nuestra oposición a este proceso, en el cual no ha imperado la evidencia científica o técnica, sino los intereses electorales y una mal entendida conciencia social”.
El gobierno insiste en que se debe de atender el problema de otras formas, sin precisar las alternativas. “La situación socioeconómica de las personas que dependen de esta actividad se debe atender, pero no poniendo en riesgo el mismo producto del que viven las familias en las zonas costeras”, añadió Morales.
Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), sostuvo que el Incopesca cumplió con el requerimiento de realizar estudios técnicos “para que la Sala pudiera tener criterio para tomar las decisiones”.
“En ese ínterin es que se ha dado la gran discusión entre si son válidos o no válidos”, añadió Alvarado.
El ministro del MAG mencionó que, mientras se define si se reactiva o no esa actividad, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) asiste económicamente a mujeres peladoras de camarón, al tiempo que su cartera desarrolla proyectos de producción de hortalizas.
Esa última acción pretende que ellas tengan acceso rápido a ese tipo de alimentos, además de generarles un esquema comercial con el que se ganen el sustento, afirmó el ministro Alvarado.
"En realidad el tema de que la pesca de arrastre daba trabajo en al zona (de Puntarenas), pues es efectivo. Más de 800 peladoras de camarón, todos los que son los avitualladores de los barcos, los pescadores, la reparación de los barcos y de las redes.
“En fin, como cualquier otra actividad económica, genera un encadenamiento productivo que hace que muchas personas trabajen alrededor de esas actividades”, puntualizó el ministro del MAG.