El Gobierno anunció este domingo los dos primeros proyectos de ley que surgieron del diálogo con sectores. Uno de estos propone gravar con 25% de impuesto premios de lotería superiores a ¢225.000.
Si una persona se gana ¢1 millón, por ejemplo, la JPS le entregaría ¢750.000 y la diferencia se iría a las arcas públicas
El otro es un plan para evitar que las personas que ejerzan altos cargos en la función pública tengan cuentas en paraísos fiscales.
En cuanto al impuesto a los premios de lotería, el Gobierno busca generar ingresos por unos unos ¢41.800 millones anuales, el 0,12% del producto interno bruto (PIB), con esta iniciativa.
La medida sería parte de los planes para generar ingresos al Gobierno Central, que atraviesa una crisis fiscal con una brecha entre ingresos y gastos que rondaría los ¢3,2 billones (millones de millones) al finalizar el año, el 9,3% del PIB.
Zapote comunicó esta tarde que la medida tiene como objetivo gravar los juegos de azar que venda, distribuya o comercialice en el territorio nacional la Junta de Protección Social (JPS), a partir de los ¢225.000 o medio salario base.
Sería la JPS la encargada de retener el impuesto. La base para imponer el cobro se fijó con referencia al salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, que este año es de ¢450.200.
El texto de ley será enviado primero a los sectores que participaron en el diálogo multisectorial.
El pasado 13 de noviembre, cuando el presidente Carlos Alvarado les pidió a los sectores de la mesa de diálogo respaldar esta idea, justificó que Costa Rica es uno de los “pocos” países donde no se gravan esos premios.
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“En Costa Rica alguien se gana ¢200 millones, ¢500 millones o el acumulado y no paga impuesto”, dijo.
Aclaró que el gravamen no sería por la compra del boleto, sino sobre los premios.
“Serviría para atacar nuestra política social porque esto es lo que financia la Junta de Protección Social (JPS) que ahora financia a la Caja y a los programas sociales”, agregó el mandatario.
Seis días después, los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Restauración Nacional (PLN) rechazaron el planteamiento, alegando que fomentaría los juegos ilegales de lotería.
“Es preocupante que esta medida vaya a incentivar la lotería ilegal en perjuicio de la institución”, aseveró Rodolfo Peña, jefe de fracción del PUSC.
En aquella ocasión, el socialcristiano urgió al Poder Ejecutivo reactivar la economía para generar ingresos.
Carlos Avendaño, diputado del PRN, agregó que la medida no resuelve el problema fiscal.
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Previo a la opinión de las fracciones, siempre en la mesa de diálogo, el mandatario recordó que, en la Asamblea Legislativa, hay un proyecto de ley para perseguir los negocios irregulares de lotería que, según dijo, son una forma de evasión fiscal.
Este sábado, 5 de diciembre, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón, dijo que no le ve “ningún problema” a imponer ese tributo.
“Es más, yo creo que desde hace algunos años debimos haberlo hecho”, agregó.
El verdiblanco se refirió al tema al comentar lo conversado en una reunión que desarrollaron los jefes de fracción con el mandatario, el jueves 3 de diciembre en Zapote.
Chacón aseguró que el mandatario adelantó, en ese encuentro, que este lunes empezaría a enviar al Congreso los proyectos de ley emanados de los acuerdos de la mesa de diálogo.
Lo expuesto por el verdiblanco también lo confirmó la legisladora independiente Zoila Rosa Volio, quien asistió a la reunión, pero aclaró que el mandatario no precisó cuáles serían las iniciativas.
En lo que sí coincidieron Chacón y Volio es en que el mandatario les anunció el compromiso de su Gobierno de negociar un plan de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según ambos diputados, Alvarado comentó que unas de las medidas de ingresos que presentarían en la propuesta de negociación sería el impuesto a los premios de lotería.
El Poder Ejecutivo ya había planteado ese mismo impuesto a la lotería dentro el plan de ajuste fiscal que había presentado al país en el mes de setiembre.
No obstante, el paquete completo fue retirado días después ante las críticas de varios sectores por estar recargada de impuestos y dejaba en segundo plano el gasto.
Sobre el segundo proyecto, la idea es evitar que los altos funcionarios públicos tengan cuentas bancarias en países no cooperantes, también llamados paraísos fiscales.
Algunos de estos son Bosnia y Herzegovina, Corea del Norte, Cuba, Irak, Islas Norkfolk, Kirguistán, North Macedonia, Maldivas, Montenegro, Omán, Palestina, Timor-Leste, Uzbekistán y Wallis y Futuna..
“Con esto, se garantiza una conducta apegada a la ética, la honradez y a la rectitud, de cara a la ciudadanía”, citó la Presidencia en un comunicado de prensa.