El Gobierno postergó unas semanas más la presentación de un proyecto de ley para regular las plataformas de transporte como Uber y DiDi.
El plan había sido anunciado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para enero, pero ahora fue aplazado, en principio, para el mes en curso.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, aseguró que la propuesta está construcción. No ahondó en los detalles de lo que el Poder Ejecutivo planteará al Congreso, donde ya finalizó el periodo de sesiones extraordinarias en el que el Gobierno establece las prioridades legislativas.
Actualmente, la Asamblea está en un periodo de tres meses, que va de febrero a abril, en el que los diputados controlan la agenda.
“Hay un borrador y se están afinando detalles a partir de las posiciones de los diversos sectores involucrados, en aras de lograr un texto que sea lo más consensuado y balanceado posible. Se han tenido reuniones para escuchar el punto de vista de las partes y, de esa forma, tomarlas en cuenta para la elaboración del proyecto de ley”, dijo Díaz.
El Ministerio de la Presidencia no ha entrado en negociaciones con las fracciones, según la jerarca.
El Gobierno retomará una discusión de años en la corriente legislativa, pero con un proyecto nuevo. El presidente Chaves había adelantado la obligación que tendrían los choferes de plataformas de cotizar para el seguro social, así como pagar impuestos.
Rubén Vargas, de la Unión de Taxistas, afirmó que existe una ruptura con el Gobierno. Para el 15 de febrero anuncian un movimiento nacional en protesta.
Meses atrás, Vargas indicó que hubo reuniones en Casa Presidencial y con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, para construir un texto que estableciera condiciones y requisitos para los prestadores del servicio de plataformas.
Según dijo, esa propuesta incluiría una indemnización de hasta ¢20 millones para los taxistas que, según argumentan, han tenido pérdidas por el funcionamiento de Uber y Didi.
En campaña electoral, la hoy ministra Natalia Díaz se opuso a que el gobierno otorgara beneficios a los taxistas y se inclinaba más bien por desregularizarlos.
Según Rubén Vargas, el Poder Ejecutivos ha cancelado y trasladado reuniones que estaban programadas desde enero, pero ahora le están “dando demasiadas largas al asunto”.
Inconformes con lo que hasta ahora han propuesto los diputados y los gobiernos anteriores, los taxistas aseguran que respaldan una propuesta para dar más placas de taxi, lo cual podría hacerse sin un proyecto de ley, solo con la voluntad del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Vargas aboga porque las condiciones de operación sean emparejadas entre taxistas y choferes de plataformas.
Además del movimiento del próximo 15 de febrero, Vargas no descarta más adelante elevar las pretensiones del gremio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.