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El Gobierno incluyó por error, en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026 presentado este martes, varias propuestas fiscales de la anterior administración, como una iniciativa para gravar al salario escolar con el impuesto sobre la renta.
De acuerdo con el texto orginal del PNDIP, en sus páginas 26 y 27 se contempla la “eliminación de la no sujeción al impuesto sobre la renta del salario escolar” como una de las medidas a implementar para mejorar la recaudación tributaria.
Minutos después de que La Nación publicara dicha información, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aclaró que la medida en realidad no está contemplada.
“Quiero señalar que en este gobierno no hay una propuesta para gravar el salario escolar. Esa fue una propuesta del 4 de mayo que no fue corregida. Por lo tanto, estaremos haciendo una rectificación del Plan Nacional de Desarrollo”, señaló por mensaje de texto.
Acosta indicó que tampoco impulsarán otras medidas que vienen enunciadas en el documento y que también fueron planteados en el periodo anterior, pero se estancaron o fueron archivadas por la Asamblea Legislativa.
Descartó, por ejemplo, medidas como el ajuste al impuesto a las casas de lujo o destinar parte de las ganancias de las empresas estatales al pago de deuda pública.
El jerarca hizo la aclaración casi cuatro horas después de que este medio le enviara consultas sobre el tema. Alegó que demoró en su respuesta mientras se aseguraba cómo se incluyeron esos planes en el PNDIP.
“Me gustaría que se hiciese la aclaración, ya que no está en el ánimo del Ministerio de Hacienda hacer esa propuesta de ley”, insistió.
Acosta explicó que la única propuesta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el impulso del Gobierno de un plan de renta global que unificaría los ingresos de la persona para cobrar el tributo sobre sus ganancias.
Dicho proyecto sería presentado a finales del mes de diciembre o a inicios del mes de enero, según comentó días atrás el jerarca.
Tanto el gravamen al salario escolar como el cambio hacia la renta global fueron propuestas de la administración Alvarado que se archivaron en el Congreso.
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El texto original del PNDIP también plantea un ajuste a las tasas que Hacienda cobra por las rentas de capital y el incremento al impuesto de remesas que se envían al exterior, el cjal también se archivó en el Congreso.
Otras iniciativas que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el Poder Ejecutivo pretende impulsar son: obtener dividendos extraordinarios de las empresas públicas y una transformación del impuesto solidario a las casas de lujo.
Un plan para destinar parte de las ganancias de 14 empresas estatales como el Banco de Costa Rica (BCR) o el Instituto Nacional de Seguros (INS), y el incremento al impuesto a las cajas de lujo quedaron en la etapa de comisión en el anterior Congreso.
“Todas estas medidas junto con los rendimientos esperados de la Ley 9635 (reforma tributaria aprobada en 2018), se verán reflejados en un aumento en la recaudación y, por tanto, una mejora en la carga tributaria”, reza el documento que Acosta pretende corregir.
El plan señala que con dichas medidas el Gobierno pretende un incremento promedio mayor al 6% de los ingresos totales para el periodo 2023-2026, lo que le daría un margen de acción para cumplir con las metas establecidas.
Como parte de los compromisos adquiridos con el FMI para mejorar las finanzas públicas, el gobierno anterior propuso gravar el salario escolar a partir de los ¢842.000 mensuales.
No obstante, en noviembre del 2021, el Partido Liberación Nacional (PLN) se unió al frenteamplista José María Villalta para sepultar el proyecto en la comisión de Jurídicos. El rechazo contó además con votos de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y la independiente Paola Vega.
El entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas, anunció en esa oportunidad una nueva versión que incorporaría el cobro del impuesto de renta a los salarios escolares que superen ¢1 millón, en vez de ¢842.000. La idea no se concretó.
Para enero próximo, el ministro Acosta prevé que se pagarán ¢162.000 millones en salario escolar.
Datos de Hacienda a julio del 2021, estimaban que al eliminar la exoneración al salario escolar se recaudarían ¢43.561 millones anuales. La Contraloría General de la República avaló la idea porque consideró que traería “equidad contributiva”.
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