Su intención es que la de este año se postergue para el 2025 y la del 2025 para el 2026. En forma paralela, el Ejecutivo requirió al Congreso relajar las metas fiscales que se comprometió a cumplir este año y el siguiente, las cuales son una condición para poder hacer las emisiones.

“Desde el 2021, se sabía que las tasas en el mercado interno eran más baratas que en el mercado internacional, es decir, fue una mentira que iba a ser más barato financiarse con eurobonos, una mentira que los diputados aceptaron de una manera me parece a mí muy ingenua o muy torpe”.

—  José Luis Arce, economista

Hacienda ya colocó las dos primeras emisiones, de $1.500 millones cada una, en el 2023. Cuando pujó por este proyecto de ley, el gobierno argumentó que los eurobonos permitirían adquirir dinero prestado con tasas más bajas en comparación con el mercado interno, a fin de reducir el pago de intereses de la deuda.

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Cambio en superávit primario

La reforma planteada por el gobierno propone cambiar las metas fijadas en los incisos a), b) y d) del artículo 12 de la ley de eurobonos.

Dicha legislación establece que el gobierno debe cerrar este año con un superávit primario equivalente al 1,85% del producto interno bruto (PIB), cerca de ¢909.272 millones.

El superávit primario se produce cuando los ingresos del gobierno superan sus gastos, excluyendo el pago de intereses de la deuda. Al cierre del 2023, Hacienda reportó un indicador del 1,6% del PIB. Sin embargo, no considera realista una mejoría que eleve esa cifra al 1,85%.

Más bien, el proyecto plantea reducir este superávit al 1,3% del PIB, unos ¢639.000 millones. En tanto, para el 2025, el balance primario fiscal debe cerrar en al menos un 2,25% del PIB, pero ahora bajaría a un 1,85%.

Cambio en pago de intereses de deuda

El gobierno se comprometió a que, en el 2024, el pago de intereses no representará más de un 4,9% del PIB, lo cual equivale a ¢2,4 billones (millones de millones).

Hacienda, ahora, pide elevar esa cifra a un 5,1%, es decir, ¢2,5 billones. Dicho cambio significa un costo de ¢100.000 millones para las arcas estatales.

En cuanto al año 2025, el compromiso adquirido con eurobonos exige reducir el pago de intereses a un 4,6% del PIB. No obstante, el Ejecutivo ahora pide relajar la meta a un 5%.

“Estamos actualizando los nuevos indicadores meta de la ley, con el fin de que se adapten a la realidad económica que vive y esperamos viva el país en el siguiente bienio”.

—  Nogui Acosta, ministro de Hacienda

En cuanto al techo máximo para el tamaño total de la deuda pública, el proyecto sí contempla una mejoría, aunque el Ministerio de Hacienda no prevé que la cifra baje, ni este año ni el próximo, por debajo del 60% del PIB.

Lo anterior significa que el país no saldría aún del peor escenario previsto en la regla fiscal, en el que se aplican medidas de contingencia como el congelamiento de salarios públicos.

Para el 2024, la meta de deuda pública pasaría de un 67,15% a un 64% del PIB y, para el 2025, de un 65,4% a un 63,55%.

Proyecciones eran imposibles, dice economista José Luis Arce

Para el economista José Luis Arce, el proyecto presentado por el gobierno demuestra que las metas fiscales eran imposibles de cumplir, además de que el mercado internacional se tornó desfavorable porque las tasas de interés se han mantenido altas.

“Todo el ruido en relación con el tema político, el aumento del déficit en el primer semestre y la duda acerca de si se podrán colocar los bonos o no, producto de los requisitos que la ley establece, todo hace que sea un poco más fácil que se deteriore el espacio de colocación del país“, aseguró Arce.

Sin embargo, para el experto, el principal problema deviene de que las metas fiscales establecidas, similares a las del convenio entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI), resultan ser “excesivamente” optimistas en comparación con el panorama fiscal actual.

Arce sostiene que, dada la situación fiscal del país y las proyecciones para el 2024 y 2025, será “imposible” para el gobierno colocar eurobonos con éxito.

Otro aspecto criticado por el especialista es la elección del momento en que se hizo la segunda colocación de bonos en el 2023, cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos estaban en sus niveles más altos.

Pocos días después de la emisión, los rendimientos comenzaron a disminuir, una situación que no se pudo prever en el momento de la colocación.

‘Fue una mentira que los diputados aceptaron de manera ingenua’

Sin embargo, Arce cuestionó la decisión de financiarse con eurobonos, ya que las tasas internas estaban más baratas que las internacionales.

“Desde el 2021, se sabía que las tasas en el mercado interno eran más baratas que en el mercado internacional, es decir, fue una mentira que iba a ser más barato financiarse con eurobonos, una mentira que los diputados aceptaron de una manera me parece a mí muy ingenua o muy torpe”, agregó.

La primera emisión del 2023, por $1.500 millones, se hizo durante el primer semestre del año con un plazo de vencimiento de 11 años, pactado hasta marzo de 2034 y una tasa cupón del 6,55%. La segunda emisión, también por $1.500 millones, se llevó a cabo en la segunda mitad del año, con un plazo de 31 años y una tasa del 7,3%.

La tasa cupón es el interés fijo que el emisor del bono se compromete a pagar anualmente al tenedor del bono, basado en el valor nominal del instrumento.

Ministro reconoce dificultades

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, argumentó sobre el ajuste en los indicadores: “Ninguna proyección suele sostenerse dos años después de su realización, la realidad es cambiante y los indicadores macroeconómicos y fiscales no escapan de ella. Por eso es que estamos actualizando los nuevos indicadores meta de la ley, con el fin de que se adapten a la realidad económica que vive y esperamos viva el país en el siguiente bienio”.

El ministro agregó que las tasas de interés de las emisiones de deuda, realizadas el año pasado, respondieron a situaciones de mercado distintas, pues la segunda emisión enfrentó un mayor costo que la primera debido a ajustes en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y a un cambio en la percepción del riesgo por parte de los inversionistas.

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Los datos demuestran un deterioro en el rumbo de las finanzas públicas.

Debido a incrementos en los pagos de intereses de la deuda y al pago de un incremento salarial retroactivo a los funcionarios públicos, el gobierno finalizó el primer semestre de este 2024 con un déficit fiscal de 1,5% del PIB, lo que representó un deterioro en contraposición con el mismo periodo del 2023, cuando cerró en 0,9% del PIB.

En ello también incidió una reducción en el impuesto sobre la renta, ligado a la reducción en el tipo de cambio, así como en el tributo a la propiedad por la reducción del marchamo.

Mientras tanto, el pago de intereses de la deuda alcanzó ¢1.165.336 millones en los primeros seis meses del 2024, equivalentes a 2,4% del PIB, el monto más alto registrado en los últimos 19 años.

Incumplió con escáneres

El artículo 12 bis de la Ley de Títulos de Valores establece condiciones adicionales que el Gobierno debía cumplir antes de proceder con la emisión de eurobonos en 2024 y 2025. Entre estas condiciones se incluye la presentación de informes sobre la colocación de escáneres en tres aduanas nacionales.

Para este año, se esperaba la implementación de escáneres en Paso Canoas, Puntarenas, y el muelle de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en Limón.

Para emitir los eurobonos del 2025, el gobierno debía contar con un reporte sobre los escáneres de Peñas Blancas, en la zona fronteriza con Nicaragua.

Sin embargo, los dispositivos no han sido instalados, por lo que Hacienda propone reprogramar este compromiso, agregando un escáner en puerto Caldera, en Esparza, de esta manera: Limón y Caldera en el 2025; y Peñas Blancas y Paso Canoas, en el 2026.

El ministro de Hacienda se quejó de que se incorporaran metas como esa en la ley. A su vez, indicó que un análisis técnico realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Estados Unidos sugirió que la instalación prioritaria debería ser en el puerto de Japdeva y en Caldera, seguido por Paso Canoas y Peñas Blancas.

Previo a la tercera y cuarta emisión, el Ministerio también debe presentar un informe de avance y seguimiento del plan de Hacienda Digital ante la comisión legislativa de Asuntos Económicos, ya que el desarrollo del plan está a cargo de esta cartera.

Según los datos de Hacienda, el reporte se remitirá una vez que se decida realizar la tercera emisión. De esta forma, si la tercera emisión se aplaza para el próximo año, los legisladores pasarían 12 meses más sin saber sobre el estado de Hacienda Digital.

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