El Gobierno pidió ayer a la Procuraduría de la Ética investigar el acuerdo extrajudicial que el viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, negoció con su expatrono, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), para librarse de un cobro judicial.
La intención es que ese órgano del Estado establezca si el funcionario incurrió en un “conflicto de intereses” cuando solicitó a la Jupema que lo eximiera de la demanda y del pago de honorarios, a pesar de que él supervisa la Dirección del Ministerio de Trabajo que aprueba y rechaza las pensiones gestionadas por esa entidad.
Con ese acuerdo, Hasbum evitó el pago de costas e intereses del proceso judicial. Solo por ese caso, la Junta de Pensiones gastó al menos ¢3,3 millones en la contratación de dos abogados.
En octubre, él acordó pagar los ¢5,2 millones que la organización de docentes le exigía reintegrar desde el 2010, cuando fue encontrado responsable de autorizar “una serie de pagos indebidos”, durante su gestión como director ejecutivo de esta institución, del 2000 al 2010.
El ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, fue quien solicitó ayer la indagatoria al procurador de la Ética, Rónald Víquez, para determinar, además, si su viceministro comprometió la “obligatoria imparcialidad”, que le demanda su cargo.
“Esta solicitud la planteo en consecuencia con los compromisos del Gobierno de ajustar la conducta de los funcionarios públicos, y de manera preponderante de sus jerarcas, a las más estrictas normas éticas y en total apego al marco jurídico vigente”, señala la carta del titular de Trabajo.
Morales actuó por encomienda del presidente, Luis Guillermo Solís, quien alegó desconocer el hecho. “Yo no conocía que don Alfredo tuviera esa dificultad pendiente y que se hubiese producido ese procedimiento”, alegó ante una consulta de este medio.
Lo sabía. El ministro declaró que él recomendó el nombramiento de Hasbum y que, de antemano, sabía que el funcionario tenía un proceso con la Jupema.
Morales argumentó que, cuando lo recomendó, no le pareció que el caso con la Jupema fuese antiético, pues aún no había sido resuelto por la Sala I, donde el viceministro intentó frenar, sin éxito, la demanda en su contra.
Sin embargo, ahora, ante las dudas, Morales considera que la Procuraduría de la Ética es la más idónea para determinar si hubo una ilegalidad.
“No quiero abrir ningún espacio para la duda (...). La Procuraduría de la Ética tiene las competencias legales y es la que, de manera objetiva, nos puede decir si hay algún conflicto de intereses. Acataremos lo que ellos resuelvan”, garantizó Morales.
Además, reconoció que no quiere que los cuestionamientos surgidos contra Hasbum afecten el avance de las reformas que su Ministerio impulsa para ponerles topes a las pensiones.
“Tenemos el tema de las pensiones en nuestra agenda y no queremos que exista ninguna duda en cuanto a la solidez ética de quienes estamos impulsando esos proyectos”, declaró.
Por ahora, la petición se encuentra en estudio de admisibilidad para determinar si es competencia de esa procuraduría analizar ese caso.
