El Poder Ejecutivo insistirá ante los diputados para que aprueben por la vía rápida el proyecto de ley de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4-3, confirmó la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
Este será uno de los tres planes prioritarios del Gobierno durante el tiempo que resta del periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, en el que el Gobierno domina la agenda.
Las otras dos iniciativas de interés son el plan que busca mejorar el manejo de la liquidez de las instituciones y una reforma a la regla fiscal, herramienta que contiene el crecimiento del gasto en situaciones de crisis de las finanzas públicas.
Se busca nuevo texto
En cuanto a jornadas excepcionales, el pasado martes el Gobierno y los diputados reanudaron negociaciones en la comisión de Hacendarios en busca de un texto de consenso que destrabe la iniciativa, la cual fue bloqueda por el Frente Amplio (FA) con 419 mociones.
“Por eso estamos buscando una vía rápida, un trámite expedito a este expediente en conjunto con diputados de la comisión de Hacendarios”, indicó la ministra Díaz.
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El plan de jornadas 4-3 consiste en trabajar cuatro días con jornadas diurnas de 12 horas por tres días de descanso, sin alterar las 48 horas semanales. Para el horario nocturno, la propuesta inicial es laborar 12 horas por tres días. En el caso de jornadas anualizadas, se plantean horarios de seis horas en temporada baja y hasta 10 en periodos altos.
En la discusión del martes quedó planteada una propuesta del Gobierno que reduciría de 12 a 11 horas la jornada diurna y nocturna.
De ese modo, se disminuiría de 48 horas a 44 la jornada semanal en horario diurno, con cuatro días de trabajo y tres de descanso. Además, en jornada nocturna se bajaría de 36 horas a 33 a la semana, con tres días laborales y cuatro de descanso.
Además, el Gobierno plantea aumentar una sétima parte la remuneración base diaria en jornada diurna y una quinta parte en la nocturna.
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En cuanto al proyecto para mejorar la liquidez en el Estado, el cual debió quedar aprobado en definitiva en diciembre anterior, como parte del acuerdo entre Gobierno y diputados para aprobar $5.000 millones en eurobonos, no se han reanudado las discusiones. Presidencia tiene pendiente de enviar un nuevo texto al Congreso que recoja las observaciones de las bancadas.
Las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio plantean excluir sectores e instituciones de la cobertura del plan.
Dicho proyecto consiste en centralizar las cuentas de todas las instituciones públicas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con la idea de que estas puedan hacer los pagos de manera planificada, mediante una plataforma electrónica que administra la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
La Contraloría General de la República estima que el nuevo sistema le ahorraría el equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) anual a las arcas estatales, a través de la reducción del pago de intereses, costos operativos y comisiones bancarias.
No obstante, varias fracciones proponen excluir a algunos sectores. Entre otras, plantean eximir a las municipalidades y las universidades públicas, así como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
En cuanto al plan para modificar la regla fiscal, el Gobierno y los diputados trabajarían el tema con la asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Otros planes
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, informó de que en enero se entrará a conocer el proyecto para autorizar a los generadores privados de electricidad a vender sus excedentes de energía al mercado regional. Este plan también fue cargado de mociones de ajuste por el FA.
Otros asuntos en trámite son el plan para ampliar la antigüedad de los autobuses del transporte público y el nombramiento del nuevo defensor de los Habitantes, cuya fecha de designación fue establecida para el próximo jueves 19 de enero.
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Daniela Rojas, jefa de bancada del PUSC, dijo que a su partido le interesa que se apruebe en definitiva el proyecto que reduciría de 10 a cuatro años el plazo para que prescriban las deudas de los trabajadores independientes con la seguridad social. Sin embargo, el plan está en consulta ante la Sala IV.
Por otra parte, las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA) pidieron este jueves al Poder Ejecutivo convocar a la agenda legislativa el proyecto para incluir los productos de higiene menstrual en la canasta básica.
