Las instituciones estatales tendrían un plazo de cinco años para trasladar, en forma gradual, su dinero, desde los bancos públicos comerciales hacia el Banco Central de Costa Rica (BCCR), si prospera un proyecto de ley que pretende centralizar el manejo de la liquidez en el Estado.
Dicha iniciativa se dictaminó en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, el pasado 18 de setiembre, con cambios al texto base, como por ejemplo, la ampliación de cuatro a cinco años (60 meses) en el periodo máximo para implementar el traslado de los fondos.
José Joaquín Hernández, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que esos montos deberán ser enviados desde las cuentas que las entidades tienen en el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR) hacia el ente emisor.
“Cada institución debe tener claro que nunca pierde la titularidad de los recursos, ni esa autonomía en la forma de planificar sus gastos. El proyecto no restringe la presupuestación ni la ejecución”, indicó Hernández.
El plan, impulsado por la Contraloría General de la República (CGR), busca sustituir el actual esquema disperso por uno centralizado que generaría ahorros del 1% del producto interno bruto (PIB) anual a las arcas estatales, a través de la reducción del pago de intereses, costos operativos y comisiones bancarias.
Con los recursos centralizados en el BCCR, las instituciones deberán hacer los pagos de manera planificada, mediante una plataforma electrónica que administra la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
Parte de los objetivos de esta planificación, de acuerdo con el texto, es que las entidades públicas dispongan de los recursos necesarios para atender sus obligaciones, minimizando así la tenencia de dineros ociosos que luego le prestarían al Gobierno con tasas de interés.
Trazabilidad de los recursos
Conforme a este plan, el BCCR solo actuaría como cajero general del Estado, cobrando un costo mínimo por los servicios brindados. La Tesorería Nacional, por su parte, llevaría un registro actualizado de las cuentas y saldos de liquidez de las entidades. Esto permitiría al Gobierno darle trazabilidad a los dineros públicos.
“Es un proyecto que viene a generar control, integración y trazabilidad de los recursos públicos, elimina que las instituciones se vean como islas, refuerza el principio constitucionalidad de caja única, centraliza la liquidez y le permitirá al país generar beneficios económicos”, resaltó Hernández.
El control permitiría a Hacienda, por ejemplo, administrar una reserva de liquidez para afrontar escenarios de tensión, incluidos la pérdida o deterioro de fuentes de ingresos.
También evitaría que las instituciones reciban transferencias del Gobierno Central o que acumulen dineros sin gastar que luego le prestan al propio Gobierno mediante bonos de deuda pública, por los que ganan intereses, según ha explicado la CGR.
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Ajustes en la redacción
El texto dictaminado aclara que la orden de trasladar los fondos al Banco Central cubre a todos los recursos estatales, excepto la liquidez pública originada en las actividades que se realicen bajo el régimen de competencia y tengan como propósito la generación de lucro, así como los fondos de pensiones, las cuotas obrero patronales y la cuota estatal a la seguridad social.
De esta forma, quedarían incluidos en la centralización el Gobierno Central y entidades como las universidades públicas y las municipalidades. Incluso, el proyecto regularía a las instituciones privadas que manejan recursos públicos.
Para avanzar con el proyecto, se debieron realizar mesas de trabajo para sensibilizar a los bancos públicos sobre la crisis fiscal del Gobierno, detalló el diputado Hernández.
El BN y el BCR se habían opuesto al proyecto, alegando que el retiro del dinero de las instituciones aumentaría las tasas de interés de los créditos, reduciría el volumen de su oferta y distorsionaría el mercado secundario de títulos valores.
Rodrigo Cubero, expresidente del BCCR, había recomendado a los diputados de Hacendarios, a principios del 2022, evaluar el impacto que tendría en la banca pública el retiro de ¢1,8 billones (equivalentes al 6,5% de la liquidez total del sistema financiero nacional), que acumulaban las instituciones públicas a finales del 2021.
Cubero aseguró que, si se envía ese dinero al Banco Central como recomienda el proyecto, se sacarían del mercado y al mismo tiempo dejarían de generar intereses. Objeciones como estas llevaron a los diputados a ampliar de 48 meses a 60 meses el plazo para implementar la iniciativa.
CGR celebra dictamen positivo
La contralora general de la República, Marta Acosta, celebró el dictamen recibido por la iniciativa. “Para el país, en las condiciones actuales de las finanzas públicas, el avance de este proyecto dictaminado positivamente, es un signo de esperanza que lanza la Asamblea Legislativa en la búsqueda de espacio fiscal, de transparencia y de mayor eficiencia en la entrega de servicios por parte del Estado.
“Se trata de un paso firme hacia un cambio con enfoque estructural. No obstante, queda camino por recorrer y estaremos atentos a la asesoría que requiera la Asamblea de nuestra parte, con el propósito que se convierta en ley de la República”, declaró la funcionaria a La Nación.
