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Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del IFAM, alega que las municipalidades tienen ingresos propios. Fotografía: José Cordero (Jose Cordero)
El gobierno llamó a Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), luego de que ella respaldara a las municipalidades en su intención de que eximirse de la regla fiscal, mecanismo que le pone un techo al crecimiento del gasto público.
Desde su cargo, Guerrero apoyó un proyecto de ley presentado por un grupo de diputados, el cual pretende eximir a los gobiernos locales de la regla, iniciativa que no comparte el Ministerio de Hacienda.
Carlos Alvarado, presidente de la República, declaró que le pidió a su ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, sostener una conversación con Guerrero para explicarle la importancia de aplicar la regla fiscal para su administración.
“Don Víctor tiene la conversación con doña Marcela sobre este pormenor. Hay una conversación sobre este tema que tiene que ver con el sostenimiento de la hacienda pública”, informó el mandatario.
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Alvarado destacó que, para su administración, es de suma importancia implementar las medidas de ahorro contempladas en la reforma tributaria. En el caso de la regla fiscal, contenida en esa ley, el presidente reiteró que su gobierno está enfocada en su aplicación en “todos sus extremos legales”.
“Creo que eso es lo que necesitamos ahora”, aseguró el mandatario. Destacó que, además de la contención del gasto, él está enfocado en mejorar el crecimiento del país para generar empleos.
La regla es una medida de ahorro que le pone un límite al crecimiento del gasto público en salarios, pago de servicios y transferencias.
La jerarca del IFAM informó de que, la semana anterior, la Junta Directiva de la institución acordó respaldar a las municipalidades, bajo el argumento de haber encontrado suficiente evidencia sobre la razonabilidad del pedido de los gobiernos locales.
Guerrero considera que poner un límite al crecimiento en el gasto corriente, previsto en un 4,67% para el próximo año, genera el riesgo de que las municipalidades no completen los recursos para brindar servicios e invertir en programas sociales para las comunidades.
Por su parte, las municipalidades alegan que la regla fiscal no les aplica porque ellas se financian con recursos propios que recaudan a través del cobro de tributos y de patentes.
Una de las propuestas de los gobiernos locales es reformar la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que les permita excluirse de la norma, o bien, que la regla aplique solo para el 1,9% del presupuesto nacional que cada año le transfiere el Ministerio de Hacienda.
