En medio de la turbulencia provocada por la denuncia de La Nación sobre el mal uso de la pauta oficial que hizo en su contra el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Poder Ejecutivo anunció que alista una propuesta de ley para frenar ese tipo de prácticas en el sector público.
El Proyecto de Ley de Publicidad Oficial aún está en borrador y se elabora desde hace un año. La Casa Presidencial comunicó el martes pasado que ya ha sido consultado a varios sectores.
Establece, entre otros principios, el de que la publicidad oficial de los entes estatales no debe utilizarse para afectar la independencia editorial de los medios de comunicación ni el ejercicio de la libertad de expresión, que la pauta debe distribuirse y utilizarse con base en una serie de parámetros normativos y no políticos.
El lunes pasado, este diario hizo público que el BNCR le retiró la pauta de su publicidad oficial por completo.
Ocurrió después de que se publicara una serie de reportajes en los que se denunciaban presuntas irregularidades en la administración del Banco.
Así lo reconoció Juan Carlos Corrales, gerente general de la entidad financiera estatal, quien giró la orden de frenar el pago de espacios publicitarios en La Nación, lo cual, después, reconoció como un error.
La directora de Relaciones Institucionales del Nacional, Mishelle Mitchell, confirmó que ella fue notificada sobre la medida de suspender la publicación de anuncios en este medio.
Reacción. Un día después de la denuncia, y ante la insistencia de La Nación en obtener una posición oficial del Poder Ejecutivo sobre el mal uso de publicidad en el BNCR (el presidente Luis Guillermo Solís se negó a referirse al tema el propio lunes), el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, comentó que la iniciativa de ley pretende establecer los criterios técnicos para que las instituciones coloquen su publicidad oficial en los medios de comunicación.
Esto, afirmó, para evitar que los recursos públicos destinados a este rubro se empleen para premiar o castigar a los medios caprichosamente.
“Este Gobierno se apega a los postulados y a la doctrina de la relatoría de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), y ahí se establecen los estándares para impedir que, en cualquier momento, la pauta sea usada como premio y castigo para los medios de comunicación”, subrayó.
El mandatario Luis Guillermo Solís afirmó que su administración no acostumbra usar la pauta oficial para presionar a los medios de comunicación y, que, por lo tanto, considera que lo hecho por los ejecutivos del BNCR debe ser investigado para sentar las responsabilidades.
Entre los criterios técnicos de asignación que establece el proyecto para evitar situaciones similares a la ocurrida en ese banco, se dispone que antes de pautar se debe considerar el perfil del medio y del público destinatario de la publicidad y la igualdad o mejor oferta de precios que hagan los medios, con respecto al precio de mercado de los espacios para publicar.
En cuanto a la primera obligación, el pautante estatal deberá tener en cuenta las características geográficas, socioculturales y económicas de los destinatarios de la publicidad, si se llega a aprobar la propuesta.
Herrera destacó que otro de los contenidos que según el Gobierno brindarían contra el mal uso de la pauta es la creación de un registro de medios.
La base de datos estará a cargo del Ministerio de Hacienda; el proyecto establece que el medio que no esté en ese registro no podrá participar de la pauta oficial.
Marlon Mora, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas (Colper), tiene reservas sobre este punto del plan de ley.
Según el periodista, el registro que propone crear el Gobierno solo tendría sentido si fuera de carácter público y si cualquier ciudadano pudiera tener acceso a la base de datos, para obtener la información de cuánta publicidad oficial pauta el Estado en cada medio de comunicación.
“Ese registro debería servir para facilitar el control ciudadano sobre el uso que el Gobierno haga de su publicidad oficial y para fiscalizar si, efectivamente, esta se distribuye en igualdad de condiciones para todos los medios del país”, estimó el jerarca del colegio profesional.
Dudas. La intención de Casa Presidencial con el proyecto de ley es que también sirva para regular la cantidad de publicidad que destina el Estado a pequeñas y medianas empresas periodísticas que ingresan al mercado en plataformas en desarrollo o alternativas, como la Internet, así como a las firmas mediáticas de carácter rural y comunal.
A esos tres tipos de medios de comunicación la propuesta de ley pretende asegurarles un 10% del gasto en pauta publicitaria del Poder Ejecutivo.
El plan da a entender que en un reglamento se aclararía cuáles compañías entrarían dentro de la categoría de medios alternativos, rurales o comunales.
Según Mora, el porcentaje de pauta que se fija para distribuir entre esos medios debe revisarse “exhaustivamente”.
“El Gobierno debe demostrar técnicamente por qué desea poner un tope de un 10% al gasto en publicidad que se vaya a pautar en medios alternativos y, además, debe revisar ese porcentaje con los medios regionales de forma transparente”, estimó el vocero del Colper.