El Gobierno prepara tres ajustes en la política para manejar la oleada de migrantes procedentes de Suramérica con rumbo a Estados Unidos.
Su intención es lograr un traslado rápido por el territorio nacional, gestionar los flujos para que no superen las capacidades del país y buscar recursos internacionales para brindar atención humanitaria.
El primer ajuste tiene que ver con lograr un transbordo rápido de los migrantes que vienen desde Panamá, a los autobuses que los llevarán hasta la frontera con Nicaragua, para que sigan su camino.
Dicha medida pretende disminuir el impacto de este flujo sobre Paso Canoas, donde se ubica el campo ferial donde muchas personas en tránsito han quedado varadas, bajo condiciones precarias.
Esta situación ocurre porque muchos migrantes son incapaces de pagar los $30 por persona que cuesta el pasaje de autobús. El monto es el mismo para adultos, niños o bebés.
Por ello, se acordó con las autoridades panameñas que los buses provenientes de ese país y que lleven migrantes, crucen la frontera y sigan directamente, sin detenerse, hasta el Centro de Atención Temporal (CATEM), que se encuentra en la antigua fábrica de Maderín Eco.
“Para que ahí puedan ser trasbordados a los buses que los llevan al norte y así, contribuir a aliviar la situación de hacinamiento que hay en Paso Canoas”, explicó el canciller Arnoldo André Tinoco, el pasado 13 de agosto durante una audiencia ante la Comisión de Hacendarios.
Para el ministro de Seguridad, Mario Zamora, el CATEM ofrece condiciones más óptimas, debido a la amplitud de la infraestructura y ser una zona cerrada, lo que supone un espacio más seguro y sin impacto para la comunidad.
Menores flujos
El segundo eje de la nueva política tiene que ver con disminuir los flujos, de modo que los migrantes pasen en cantidades que estén dentro de los parámetros de gestión de los países de paso.
Según el canciller, Costa Rica estaba preparada para atender un movimiento diario de 350 personas, pero en la actualidad debe enfrentar flujos de 3.000 o más personas.
Por su parte, el ministro de Seguridad indicó que de la totalidad de migrantes que cruzan el país, la mayoría (al menos un 70%), son venezolanos. La lista la completan colombianos y ecuatorianos, por lo que Costa Rica aboga por “una actitud responsable de los países suramericanos”, en el manejo de estos flujos.
Mayores recursos
La tercera pieza de la política tiene que ver con la búsqueda de recursos internacionales para hacer frente a una situación que supera la capacidad del país, tanto en términos de infraestructura como de presupuesto.
“Por eso, es que yo vivo insistiendo en la comunidad internacional que Costa Rica necesita mayor apoyo financiero, para poder dar los servicios de salud, educación, seguridad e integración, a los que se quedan asilados políticos y para los que no se quedan, que puedan tener un paso digno”, indicó André.
Este tema fue justamente uno de los tratados por el jerarca en su reunión del pasado lunes con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en Nueva York, Estados Unidos,
Según una nota de prensa de la Cancillería, Guterres destacó el trato humanitario dado por el país a las personas migrantes, al tiempo que expresó su solidaridad por los retos que supone esta situación y la gran cantidad de recursos necesarios para darle atención.
“Sobre esto, el secretario señaló la urgencia de reformas financieras para que haya más ayuda a países que deben atender este tipo de situaciones, en particular para aquellos que, como Costa Rica, califican como países de renta media, al considerar que se deben fomentar mecanismos justos, en los cuales, afirmó, ha estado trabajando”, señala el comunicado.
Tránsito seguro
Las autoridades también toman previsiones para que el transitar de los migrantes sea seguro para el país.
En el campo ferial, antes de que cada persona suba a los autobuses, se revisa su documento de identidad y se corrobora con las bases de datos de la Interpol, para identificar individuos con posibles órdenes de detención.
Al respecto, el ministro Zamora indicó que hasta ahora solo se han identificado a dos personas extracontinentales bajo esas características. Ellas fueron trasladadas al Centro de Aprehensión Migratoria y serán devueltas a sus países de origen, donde son requeridos por sus respectivos gobiernos.
Si bien los cuerpos de seguridad también han sido “especialmente observadores y vigilantes” de cualquier posible actividad delictiva, el jerarca indicó que de las 300.000 personas que han cruzado Costa Rica en lo que va del año, no se tiene ningún incidente delincuencial asociado.
Lo que sí preocupa al Gobierno son las mafias vinculadas con la trata de personas, por lo que han realizado algunas operaciones para desarticular a estas agrupaciones.
Lo que está por venir
Existen elementos que en los próximos meses ayudarían a mejorar la administración de la migración.
Uno de ellos es la inauguración, prevista para finales de octubre y principios de noviembre, del nuevo puesto fronterizo de Paso Canoas. Este, a diferencia de la frontera que opera en la actualidad, estará enmallado y solo permitirá el ingreso de personas que están en tránsito entre los dos países.
“Esta frontera va a tener la novedad de ser yuxtapuesta, eso significa que vamos a tener en nuestra frontera, a un oficial panameño de migración y a uno costarricense.
“Si usted está, por ejemplo, saliendo de Costa Rica para Panamá, ahí mismo se te da la salida de Costa Rica, camina dos pasos y ahí está el oficial panameño que hace la entrada a Panamá”, explicó el ministro de Seguridad.
Igualmente, el Gobierno aspira a transicionar el sistema de frontera del país a uno más parecido al modelo estadounidense de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)
“Es la forma como Estados Unidos ha integrado a sus distintos cuerpos de frontera, en una entidad para hacerla más eficiente en materia de seguridad y trámite migratorio. Entonces, estamos tratando de asumir ese mismo modelo.
“Es un tema de organización, en el sentido de que hace una mayor interoperabilidad de las fuerzas policiales que están en frontera y que hoy en día casi no se comunican”, explicó.
El jerarca aclaró que esto no significa que el país tenga como objetivo “emular la política migratoria de muro fronterizo” que ha impuesto Estados Unidos.