Abelardo Quirós Rojas, jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó que fue la canciller y vicepresidenta, Epsy Campbell, quien ordenó hacer los polémicos nombramientos en la Cancillería que están bajo investigación tanto en la Fiscalía General como en el Congreso.
Se trata de las designaciones de la directora y de la directora alterna de Política Exterior, Adriana Murillo y Carolina Fernández. Ellas fueron nombradas como si sus puestos fueran de confianza, mientras un criterio reciente de la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que debían ajustarse a los requisitos del Estatuto del Servicio Exterior.
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Ante los diputados de la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, bajo juramento, el jefe de Recursos Humanos declaró que las órdenes para hacer esos nombramientos provinieron de la canciller y del vicecanciller.
“Nosotros hacemos, dentro del proceso, la revisión de idoneidad basándose en instrucciones de parte del viceministro administrativo (Jorge Gutiérrez Espeleta), que así está en el reglamento, se establece a raíz de las instrucciones del jerarca”, declaró.
El diputado Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional (PLN), le preguntó: “¿Las órdenes de estos movimientos vienen del viceministro de administración y de la jerarca?”.
El funcionario contestó: “Sí señor, el procedimiento se realiza así durante los últimos seis años de acuerdo con lo que nosotros tenemos en tramitología”.
Explicó que, en estos casos, en consecuencia, se toman los acuerdos y se remiten a la dirección Jurídica de la Cancillería.
Él alegó que, desde el año 2012, se aplica un procedimiento de revisión de idoneidad de los designados para los cargos y, en este caso, se corroboró que ambas funcionarias tienen al menos 12 años de experiencia con el Servicio Exterior.
Por su parte, la directora de la oficina Jurídica, Natalia Córdoba Ulate, alegó que la Cancillería tiene su propio criterio jurídico para nombrar a la jefatura de la dirección y la dirección adjunta de Política Exterior. Según dijo, este ha sido utilizado de forma constante en los últimos años.
No obstante, afirmó que no entraría en el juego de decir si, entonces, el criterio de la Procuraduría está equivocado.
Según la Procuraduría, para que una persona sea nombrada en un puesto de confianza en el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe tratarse de un caso de excepción, pues los colaboradores de esa entidad se rigen bajo el Estatuto del Servicio Exterior, normativa que prohíbe las designaciones a dedo. Y, dentro de las excepciones previstas, no están los cargos de director.
“Efectivamente, hay divergencia de criterio entre la visión jurídica de la Cancillería y el criterio de Procuraduría”, dijo Córdoba, al tiempo que recordó que este último no es vinculante porque fue una respuesta a una consulta de una diputada, no al Ministerio.
Según la directora legal, ahora la idea es enviar una consulta a la Procuraduría sobre los nombramientos, que ahora sí sería vinculante, pero exponiendo los argumentos de la Cancillería para que los tome en cuenta.
Ella insistió en que la PRG debió tomar en cuenta el criterio jurídico elaborado por el Ministerio para justificar que los puestos de dirección son de confianza.
Por su parte, la auditora María del Milagro Chaves, afirmó que le envió un informe a la canciller sobre nombramientos en la Cancillería en agosto, pero no ha recibido respuesta.
