La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron, el pasado lunes 15 de enero, el proceso de análisis de dos celulares y una computadora pertenecientes al expresidente de la República, Carlos Alvarado. Estos dispositivos fueron secuestrados en el año 2020 durante un allanamiento en Casa Presidencial por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Rodolfo Brenes, uno de los abogados del exmandatario, detalló que el proceso de apertura de los dispositivos electrónicos se puso en marcha en 2021 con la copia de su contenido por parte de la Fiscalía y el OIJ.
No obstante, señaló que se había suscitado un litigio dirimido por el Juzgado Penal de Hacienda, donde la Fiscalía buscaba revisar toda la información de los equipos de Alvarado. Finalmente, la defensa logró imponer la tesis de que la revisión debía limitarse a la información pertinente al caso.
La sesión inicial de evaluación de los equipos fue breve. El Juzgado Penal suspendió la diligencia esa misma mañana, según informaron Brenes y Róger Guevara, abogados del exmandatario. Se ordenó que la revisión se llevara a cabo en el OIJ, en lugar del Juzgado Penal, utilizando una lista de palabras clave o parámetros de búsqueda propuestos por la Fiscalía y los defensores. Esto aseguraría que solo se examinara la información vinculada a los hechos de la investigación.
Además, se determinó que cualquier otro material deberá revisarse en presencia del juez, con participación exclusiva de la Fiscalía y de cada parte interesada.
La investigación de los teléfonos y otros dispositivos del expresidente forma parte de una pesquisa judicial sobre el presunto acceso de la UPAD a información confidencial de los costarricenses.
Aparte de este expediente, la Fiscalía presentó otra acusación contra Alvarado, en el 2022, en la pesquisa 22-000006-0033-PE. En esta, se achaca el supuesto delito de prevaricato en concurso ideal con los delitos de fraude de ley y abuso de autoridad. Este proceso incluye también al exdiputado Víctor Morales, quien ejercía el cargo de ministro de la Presidencia durante los hechos ocurridos en 2020.
El decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el cual confería a esta entidad la facultad de acceder a información confidencial que las instituciones públicas poseen sobre los costarricenses, fue publicado el 17 de febrero de 2020 y derogado cuatro días después.
La acusación argumenta que el proceso de creación de la UPAD no siguió los procedimientos adecuados, ya que “no fue remitido al departamento de Leyes y Decretos (de Casa Presidencial) para analizar su procedencia, cuadro fáctico y legalidad, lo cual habría impedido que el decreto ejecutivo entrara en vigencia”.