La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) empezaron este jueves la apertura de los teléfonos del presidente de la República, Carlos Alvarado, ante una jueza de garantías por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), según confirmó el abogado del mandatario, Rodolfo Brenes.
Por la mañana se definió el procedimiento para “revisar los aparatos y discriminar la información de interés para la investigación”, explicó el defensor de Alvarado.
Brenes detalló que se acordó que las computadoras y llaves maya del presidente se revisen a través de un software especializado, con el cual se fijan los parámetros de búsqueda, para discriminar y encontrar información.
“En cuanto a los teléfonos, por ciertas limitaciones técnicas, la revisión se tiene que hacer de forma manual, para preservar la información privada o sensible y no relacionada con los hechos”, explicó el abogado.
Ese proceso de revisión se extenderá desde este 9 de diciembre hasta el próximo 31 de marzo del 2022. Brenes detalló que cada apertura se deberá realizar en presencia de la defensa de Carlos Alvarado, de la jueza de garantías y de las Fiscalía General de la República.
“Estamos complacidos con el cambio de posición del Ministerio Público, porque la Fiscalía pretendía aplicar un procedimiento ilegal, contrario al derecho de la defensa, que no se había aplicado en ningún proceso judicial en la historia de este país. La Fiscalía ha entrado en razón y está proponiendo que se trate este caso como cualquier otro, es lo que procede en una democracia”, enfatizó Brenes.
La investigación de los teléfonos y otros aparatos electrónicos del presidente es parte de una investigación judicial sobre el presunto acceso de la UPAD a información confidencial de los costarricenses.
Revisión manual
En cuanto a lo operativo, el abogado de Carlos Alvarado indicó que la revisión se hará de forma manual y, si el presidente tiene un chat con sus papás, por ejemplo, luego de constatar que se trate de un chat familiar, entonces “no hay nada más que revisar, pues eso no fue autorizado por la Sala Tercera”.
“Si don Carlos tiene un chat con otro de los investigados o autoridades de alguna institución a la que la UPAD le pidió información, ahí sí habrá revisión de todo el chat y se discriminará qué cosas sí pueden estar ligadas a la investigación y cuáles no”, detalló el defensor del mandatario.
La descarga de la información, dijo Brenes, lo harían expertos del OIJ a través de un software especializado, de manera que extraigan la información necesaria para la investigación “de forma que no se pueda alterar”.
Después de extraer toda la información de relevancia para la investigación, se tendría que generar un informe que se comparta con las demás partes del expediente.
Brenes enfatizó que la defensa de Alvarado no se opone a que se investigue “todo lo relacionado con la UPAD”, pero velará por respetar toda la información no relacionada con la UPAD y que “no tienen por qué tener la olicía ni la Fiscalía”.
“Un presidente de la República en Costa Rica y en cualquier país del mundo tiene información sensible que no tiene por qué ser del dominio público y, si a eso sumamos que es pan de todos los días la filtración de los expedientes, es algo sumamente grave y tiene que abordarse con toda la seriedad del caso”, concluyó Brenes.
Aunque ya se había intentado empezar esa diligencia de apertura de los teléfonos presidenciales en enero pasado, la defensa de Carlos Alvarado hizo varias gestiones contra esa apertura, por cuanto reclamaban que se debía resguardar el debido proceso.
