El teléfono celular y la computadora del presidente Carlos Alvarado fueron secuestraron por la Fiscalía en el allanamiento que se dio este viernes en la Casa Presidencial como parte de la investigación del caso de la UPAD.
El magistrado Álvaro Burgos, de la Sala Tercera (penal) y quien participó en el operativo, confirmó a La Nación que a los ocho investigados se les retuvo esos aparatos porque esa fue la petición expresa que hizo el Ministerio Público en la orden de allanamiento.
Entre los investigados están también el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, el viceministro de Planificación, Daniel Soto y cinco asesores.
La fiscala general, Emilia Navas, cinco magistrados de la Sala III y 45 agentes del Organismo de Investigación Judicial participaron este viernes en los allanamientos en la Casa Presidencial, Ministerio de Planificación y cuatro viviendas.
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La investigación se centra en la Unidad Presidencial de Asesoría de Datos (UPAD), creada por decreto ejecutivo el 17 de febrero y el cual fue derogado el 21 de este mes por el mandatario cuando se desató la polémica por el artículo 7.
En unas pocas líneas, ese artículo permitía a esa oficina tener acceso “a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”.
El magistrado Burgos declaró que ahora los dispositivos secuestrados quedan a disposición de la Fiscalía. Para la apertura de los mismos, si lo considera conveniente, deberá solicitar permiso judicial.
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El comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público dice que la UPAD se habría creado "sin ningún respaldo legal. Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.
"Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley.
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“No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto. La investigación continúa dentro de la causa 20-005433-0042-PE”, agregó el comunicado de la Fiscalía.
