EscucharLa Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Hacienda dictar sobreseimiento definitivo a favor de seis exdirectivos y dos exfuncionarios del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), investigados por un presunto delito contra la Hacienda Pública.
El caso está relacionado con la aprobación e implementación de la Tasa de Equilibrio Institucional (TEI), que el Infocoop cobra en los préstamos blandos que brinda a cooperativas costarricenses.
Esa tasa de interés tiene como propósito de que la entidad recupere correctamente los dineros ofrecidos en créditos, para cubrir sus gastos operativos y expandir las labores de fomento del sector cooperativista.
No obstante, como lo había advertido en reiteradas ocasiones la Contraloría General de la República (CGR), los exfuncionarios imputados recomendaron y aprobaron una metodología de fijación de la tasa que no contemplaba las variables de inflación y crecimiento.
Esa decisión habría provocado que los ingresos por el cobro de las tasas no alcanzaran para recuperar el valor real del dinero otorgado en créditos cooperativos, según había advertido el órgano contralor.
Sin embargo, luego de concluir la etapa investigativa, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Hacienda el sobreseimiento de los exfuncionarios involucrados, debido a que estima que no es posible “ensayar responsablemente una acusación en contra de estas personas”.
Los imputados en esta causa penal son los exdirectivos Freddy González Rojas, Álvaro Gómez Ferreto, Juan Carlos Jiménez Segura, Carlos Alberto Castro Ríos, Gerald Calderón Sánchez y Óscar Ávila Solé.
También figuran Alfredo Rojas Durán, excoordinador de Proceso de Operaciones, y Eliécer de los Ángeles Ureña Quirós, excoordinador del Proceso de Administración y Finanzas.
El Ministerio Público señaló que a pesar de la certeza de que los hechos ocurrieron “tal cual fueron descritos” y de que “los responsables” son las personas investigadas, no se logró alcanzar “la misma certidumbre respecto a un elemento medular en la teoría de la imputación”.
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En esa línea, señaló que no se logró determinar fehacientemente el actuar consciente y voluntario de los exdirectivos y exfuncionarios “dirigido con la intención de perjudicar a la Hacienda Pública”. En otras palabras, no se logró concluir “que las personas investigadas obraran con dolo”.
“Es plausible intuir, que todos estos funcionarios, actuaron a lo sumo, con descuido y falta de pericia en el manejo de los fondos públicos y el reintegro de los créditos, pero carecían de un deseo orientado a perjudicar al Infocoop”, señala la argumentación de la Fiscalía.
Asimismo, detalló que los integrantes de la Junta Directiva “no eran precisamente un órgano técnico ni se destacaban por ser profesionales en economía, ya que la propia normativa no exige atestados de esa naturaleza para fungir como miembro de dicho cuerpo deliberativo”.
‘Imposibilidad de comprobar un perjuicio para la Hacienda Pública’
En la etapa investigativa, el Ministerio Público elaboró un ejercicio de recálculo de las tasas de interés en los créditos cooperativos. La estimación fue que la decisión administrativa habría provocado que el Infocoop dejó de percibir ¢27.891 millones, entre los años 2010 y 2017, por no contemplar el costo de la inflación.
Ese monto corresponde a la diferencia entre los intereses corrientes recibidos en el pago de cuotas versus los intereses calculados, tomando en cuenta los costos de la inflación. Dichos análisis indicaron, por ejemplo, que el Infocoop implementó una tasa de interés del 8,60% en agosto del 2011, cuando en realidad debía ser de al menos un 12,04%.
No obstante, la Fiscalía concluyó que es “notoria la imposibilidad de comprobar un perjuicio para la Hacienda Pública”, debido a que “el cálculo del perjuicio o de los ingresos no percibidos tampoco se encuentra precisamente sustentado en pruebas formales irrefutables, sino que descansa en análisis comparativos de base presuntiva”.
Agregó que “no existe certeza respecto a cómo se habría comportado la cartera de crédito ni mucho menos que mediante ese cambio se lograran percibir los más de ¢27.000 millones que presuntamente no fueron recibidos”.
‘La controversia persiste a la fecha’
La solicitud de sobreseimiento que favorece a los exfuncionarios del Infocoop fue planteada por el fiscal Randy Hernández Obregón, de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
En el documento enviado al Juzgado Penal de Hacienda, el fiscal añadió que “la formulación y aplicación de la tasa de equilibrio institucional (TEI), no ha sido un tema pacífico, y su controversia persiste a la fecha”. Dijo que a pesar de que las personas investigadas no forman más parte de la institución, la formulación de esa tasa “sigue siendo tema de discusión en el Infocoop”.
“El Ministerio Público procuró esclarecer esta controversia mediante diversas diligencias como entrevistas con expertos; no obstante, aún en ese ámbito, existe pluralidad de interpretaciones sobre el tema que lejos de producir consenso, acentúa la complejidad del tema y, por ende, la dificultad para concretar un reproche penal”, apuntó el fiscal.
Asimismo, Hernández recordó que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la sanción que la Contraloría General de la República (CGR) les había impuesto a los exdirectivos González Rojas y Castro Ríos, que les imposibilitaba ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años, a raíz de este caso.
