La Fiscalía General le solicitó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrir de inmediato una investigación penal para determinar cómo se filtró al público la clave de uno de los teléfonos que las autoridades judiciales le decomisaron al mandatario Carlos Alvarado, como parte de las pesquisas del caso UPAD.
Dicha clave es parte de las evidencias que el Ministerio Público recolectó durante un allanamiento realizado a Casa Presidencial, en febrero del 2020, para indagar si la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) accedió o no a datos confidenciales de los habitantes.
Este miércoles, durante el interrogatorio al presidente en el plenario de la Asamblea Legislativa, el diputado independiente Dragos Dolanescu le preguntó a Alvarado si era cierto que la clave de uno de los dos teléfonos decomisados era 1, 2, 3, 4, 5, 6.
El gobernante respondió al legislador que esa interrogante demostraba que él le había preguntado con mala fe, pues ya conocía la clave de uno de sus teléfonos.
La Fiscalía aseguró ser la principal interesada en velar por la seguridad de la investigación del caso UPAD, para no poner en riesgo el avance de la misma y, por ello, solicitó al director del OIJ, Wálter Espinoza, indagar cómo se filtró esa información.
“La Fiscalía General solicitó al director del Organismo de Investigación Judicial que inicie de forma inmediata una investigación penal, a efectos de determinar la identidad de la persona o personas que facilitaron al señor Diputado información privada del expediente”, comunicó el Ministerio Público.
Agregó que, de su parte, no ha habido filtración alguna de datos “sensibles” del proceso de investigación 20-005434-042-PE, relacionado con el caso UPAD.
“Durante la audiencia de apertura de evidencia digital de ese expediente, realizada el mes pasado, un total de 55 personas que no forman parte del Ministerio Público, tuvieron conocimiento de información relacionada con esa diligencia. Entre estas, figuran personas imputadas, abogadas, técnicos y querellantes”, detalló la Fiscalía.
En el plenario legislativo, Dolanescu le preguntó al gobernante si era cierto que había olvidado las claves de sus teléfonos decomisados.
Alvarado negó que eso fuera así. Indicó que, cuando se realizó el allanamiento a Casa Presidencial hace un año les entregó a las autoridades judiciales las claves de los teléfonos decomisados.
Manifestó que tiempo después sus abogados le indicaron que la Policía Judicial no había registrado las claves y que se requerían de nuevo.
El mandatario dijo que había entregado una que recordaba bien y que, del otro teléfono, no precisaba el código, por lo que entregó cuatro opciones.
Fue precisamente en ese momento cuando Dolanescu preguntó si era 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Róger Guevara y Rodolfo Brenes, abogados del presidente, declararon en un comunicado que es hecho de “gravedad” que Dolanescu tuviera acceso a información tan privada del mandatario.
“Esto pone en evidencia que se está filtrando información del proceso penal en curso, que solo conocen las partes que participaron de la diligencia de apertura de los teléfonos. Y, además, pone de manifiesto la enorme importancia de proteger los datos no relacionados con la UPAD y que fueron secuestrados por el Ministerio Público”, expresaron en un comunicado.
El lunes 11 de febrero del 2021, la Fiscalía abrió los dos teléfonos y la computadora decomisados al presidente Carlos Alvarado, así como un par de llaves mayas.
El 2 de marzo del 2020, durante una conferencia de prensa, la fiscala general, Emilia Navas, afirmó que existía la posibilidad de que se fugara información personal del presidente.
“La información que se extraiga de cualquier dispositivo está en manos únicamente de las personas investigadas, sus abogados defensores y el fiscal encargado del caso, en este caso mi persona. Eso significa que de parte del Ministerio Público no se va a filtrar, si se hace, habrá que investigar a las mismas personas imputadas y a sus abogados”, sentenció Navas.
El fiscal José Pablo Miranda, de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República, agregó: “Toda la información que no es relevante para el expediente, que pertenece al ámbito de la intimidad, o de los secretos de Estado, o de seguridad del Estado, que no tiene que ser trasladada al expediente, no se va a trasladar”.
Según la fiscala general, como en el momento del allanamiento se decomisaron dispositivos de distintas personas, estos se irían abriendo de acuerdo con el orden indicado por la Sala de Casación Penal.
“Si para el momento del análisis de la información respaldada se encuentra información relevante para la investigación, la misma se incluirá formalmente como material probatorio. Si no es relevante para el proceso, se descartará su uso”, expuso Navas.
Los siguientes dispositivos móviles en ser revisados serán los pertenecientes a Víctor Morales Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y ministro de la Presidencia en el momento del allanamiento.
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