Fiscal general acusa a diputados de dirigir persecución política
Funcionario niega favores en causas a políticos y defiende su independencia
La reelección del fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán, por cuatro años más en el Ministerio Público, ha generado críticas de algunos diputados del PAC, PUSC y Frente Amplio, quienes piden a la Corte Plena que se reconsidere la decisión. | PABLO MONTIEL Pablo Montiel
El fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán, aseguró que diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristina (PUSC) y Frente Amplio (FA) orquestan una persecución política en su contra. Ellos piden a la Corte Plena reconsiderar la reelección.
Este viernes, el grupo de 17 legisladores envió una carta a los magistrados en la que cuestionaban el actuar de Chavarría como jerarca del Ministerio Público. La petición será conocida en la sesión de la Corte del próximo lunes.
“Las cosas hay que llamarlas por su nombre; es persecución política porque no hay argumentos”, expresó el funcionario, ayer, en una rueda de prensa. Allí, defendió el avance de las pesquisas más sonadas de corrupción en la función pública, entre ellas el caso Crucitas, la trocha y Soresco-Recope.
“No voy a ir a la Asamblea Legislativa a dar cuentas de ningún caso porque mi papel es de fiscal general, es independiente y no depende de ningún político. Tampoco voy a rendir cuentas a la Corte Plena (los 22 magistrados) porque tengo independencia funcional”, sostuvo.
La reelección del fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán, por cuatro años más en el Ministerio Público, ha generado críticas de algunos diputados del PAC, PUSC y Frente Amplio, quienes piden a la Corte Plena que se reconsidere la decisión. | PABLO MONTIEL (Pablo Montiel)
El 6 de octubre, Jorge Chavarría fue reelegido en el cargo por cuatro años más. El nombramiento quedó en firme ese mismo día. Cinco meses atrás, el jerarca aseguró que no deseaba continuar en su puesto, pero reconsideró su decisión luego ante la petición de 278 fiscales.
El fiscal dijo que, en sus primeros cuatro años de gestión, ha sufrido un desgaste por casos heredados que han generado dudas a su independencia. Destacó el pago de consultorías con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica en el gobierno de Óscar Arias (2006-2010).
Disputa de grupos. En opinión de los legisladores que objetan que Chavarría se mantenga al frente de la Fiscalía, el funcionario ha dejado sin resolver casos importantes.
Además, en la carta se cuestiona que Chavarría fue viceministro de Seguridad durante seis meses en el gobierno de Laura Chinchilla, por lo que ha beneficiado a figuras liberacionistas desde su cargo.
“Estamos solicitando (a los magistrados) que recapaciten, que mediten y evalúen la reelección. El fiscal perdió credibilidad, existe un descontento generalizado, ha promovido la impunidad política por su cercanía con el Partido Liberación Nacional”, dijo Franklin Corella, congresista del PAC.
En su defensa, el fiscal sostiene que esas investigaciones han avanzado, pero requieren tiempo. “No es soplar y hacer botellas”, afirmó.
Para él, no es pecado haber servido en la administración anterior.
En este sentido, Rolando González, diputado del PLN, destacó que la posición de los 17 legisladores opuestos a la reelección, no representa a todo el Congreso. “La mayoría no apoya esa tesis ni las manifestaciones callejeras para descalificar una decisión que es competencia del Poder Judicial”, dijo.
Una posición similar manifestó el presidente Luis Guillermo Solís. “Los diputados pueden hacer esas consideraciones políticas, pero no en el caso del Ejecutivo”, destacó.
Franklin Corella dijo que, para el próximo lunes, están convocando a algunos sectores sociales a una manifestación frente a la Corte.
El fiscal Jorge Chavarría mostró su preocupación por el peligro de la intromisión entre poderes.
También sostuvo que la Fiscalía se encuentra en medio de dos grupos de poder que pretenden utilizarla para perjudicarse entre sí.
Con 30 años de laborar en el Poder Judicial, dijo que una de las tácticas del crimen organizado es debilitar la credibilidad en el sistema judicial para aumentar su poder.
