El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, se manifestó este miércoles a favor de aprobar la reforma al empleo público y abrir luego un diálogo con distintos sectores para discutir eventuales cambios.
Figueres propuso esperar a que la Asamblea Legislativa reciba el texto completo de la resolución de la Sala IV sobre el proyecto, para que la comisión de asuntos constitucionales pueda corregirlo conforme a los señalamientos de los magistrados y devolverlo al plenario.
“Se votará, pienso que tendrá mayoría en el Congreso y a partir de la fecha en que se firme, quiero recordar que tenemos un año para que entre en implementación.
“Ese tiempo es más que apropiado para poder seguir conversando con los diferentes sectores y ver qué cosas se le pueden mejorar. Una de ella me parece que debe ser el fortalecimiento del Servicio Civil”, indicó el exmandatario.
Si bien el aspirante verdiblanco ya había expresado su intención de abrir un diálogo sobre la reforma, esta es la primera vez en que señala que el proyecto debe aprobarse una vez corregidas las inconstitucionalidades detectadas por la Sala IV y luego evaluar ajustes.
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La más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles, reveló que el 75% de los ciudadanos apoya la reforma a empleo público que introduce cambios en las reglas de incentivos para los burócratas.
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Dicha iniciativa fue aprobada en primer debate por el Congreso en el mes de junio y, luego, se envió a consulta al tribunal constitucional.
La reforma crearía un esquema de salario global para todo el sector público, en el que los sueldos ya no dependerían de pluses. La idea del Gobierno es que el plan apoye el saneamiento de las finanzas públicas y genere eficiencia en el Estado.
Hace un mes, los magistrados resolvieron que el trámite legislativo de la iniciativa no tiene vicios de procedimiento, al tiempo que confirmaron que la creación de un salario global en el sector público es constitucional al igual que la fijación de regulaciones sobre las convenciones colectivas.
A la vez, encontraron inconstitucionalidades en la propuesta de depositar en el Poder Ejecutivo la rectoría en materia laboral sobre el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), universidades públicas, municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
