Una resolución del presidente del Congreso, Rafael Ortiz, obligará a los diputados a variar el contenido de la polémica Reforma Procesal Laboral.
Ortiz enviará esa ley a la Comisión legislativa de Asuntos Jurídicos para modificar su contenido, pues, en su criterio, esa sería la única vía para revivirla, luego del veto que le aplicó en el 2012 la entonces mandataria, Laura Chinchilla.
La medida se toma dos meses después que la Sala IV anulara la reforma , tras dos intentos fallidos por ponerla en vigencia. Los magistrados declararon con lugar una acción de inconstitucionalidad y, con ello, se trajeron abajo el plan de Chinchilla, de 2013, de levantar parcialmente el veto que ella misma impuso ocho meses atrás.
La decisión de la Sala Constitucional también dejó sin efecto la acción del presidente, Luis Guillermo Solís, de diciembre del 2014, de derogar el veto impuesto por su antecesora.
La reforma, tal como estaba, permitía las huelgas en los servicios esenciales y en la empresa privada, prohibía la contratación de sustitutos de huelguistas y agilizaba los juicios laborales con medidas como la oralidad.
Negociación. Si bien esos polémicos aspectos se discutirán en la Comisión de Jurídicos, Ortiz afirma que, de manera paralela, se deberá instalar un grupo de trabajo que negocie un texto que reúna el sentir de la mayoría de las fracciones legislativas.
Ese grupo también deberá acordar un trámite rápido para dicha ley en el Congreso, ya que, de otra manera, se corre el riesgo de que sea archivada, debido a que no ocupa los primeros lugares de la agenda legislativa.
Con ese objetivo, la próxima semana el socialcristiano convocará a diputados de diferentes bancadas para iniciar el debate.
“Ocupamos ver de qué manera nosotros logramos ubicar los cambios que se tengan que hacer, si hay que hacer un texto sustitutivo, ver las diferentes maneras en que se puede resolver (...). El país no puede darse el lujo de que esto no se apruebe”, declaró el jerarca legislativo.
Con él coinciden Antonio Álvarez, de Liberación Nacional (PLN), y Marco Redondo, de Acción Ciudadana (PAC), quienes también claman por un acuerdo político en esa materia.
El liberacionista considera que existe la voluntad de la mayoría de diputados de enmendar el texto de la reforma. Asegura que son más los puntos de encuentro que las diferencias.
“Prácticamente, en la parte procesal no hay discusión; todos queremos lo mismo. Donde hay algunos puntos de fricción es en los temas de huelgas, en el plano colectivo”, expresó Álvarez.
Redondo, por su parte, dijo que el PAC hará todo lo posible por que esa ley entre en vigencia: “Estamos dispuestos a hacer las variaciones que sean necesarias, en la medida en que el espíritu del proyecto se mantenga”.
Cambios. Entre los cambios que se contempla realizar, resalta el deseo de impedir las huelgas en servicios esenciales y definir cuáles son los parámetros para que los trabajadores se vayan a paro.
Además, se establecería que el llamado a huelga –de no existir un sindicato–, debe ser avalado por un 30% de los empleados.
