"Si el Estado no violó ningún derecho y si por error fuera condenado, los resultados serían catastróficos".
Con esa advertencia, Doris Arias, presidenta de la Sala III, instó a la la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a declarar sin lugar el reclamo de 17 condenados penales por delitos sexuales, de peculado, narcotráfico y tentativa de homicidio; quienes exigen que se anulen sus sentencias con el alegato de que el Estado violentó su derecho a una revisión integral de la sentencia que los envió a prisión.
Según Arias, un fallo condenatorio contra Costa Rica obligaría al Estado a revisar hasta 110.000 sentencias, muchas de las cuales ya datan de varias décadas. Cada proceso le costaría al país unos ¢5 millones.
La magistrada formó parte de la delegación que representó al país en la audiencia final del caso, realizada la mañana de este lunes en la sede del alto tribunal, en Los Yoses.
Las presuntas víctimas alegan que se violentó su derecho a la revisión integral de las sentencias que los enviaron a prisión, garantía observada en el artículo 8.2 h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado rechaza esa postura y sostiene que los condenados omitieron acudir a los recursos legales vigentes para solicitar la revisión de condenas.
Dichos recursos están contenidos en la ley 8.503 del 2006, que crea la apertura de la Casación Penal, y la 8.837 del 2010, la cual creó los tribunales de apelación.
"Todos los casos tenían posibilidad de acudir a los transitorios, salvo en dos casos que sí lo hicieron pero no cumplieron con aportar un alegato sobre el agravio sufrido", manifestó Eugenia Gutiérrez, agente del Estado.
Dos de las 17 víctimas, señaló Gutiérrez, ni siquiera utilizaron el recurso de casación.
"¿Cómo alegar la falta de idoneidad de un procedimiento, por quien no acudió a él?", cuestionó Gioconda Ubeda, embajadora de Costa Rica en Argentina y representante del Estado ante la Corte.
En febrero, trascendió que otros 400 condenados acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que también sus casos lleguen a la Corte, en espera de que se anule su sentencia.
Casos acumulados
El caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica fue remitido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado reprocha que ese órgano alegue el mismo supuesto agravio para todas las víctimas, pues todos los casos son distintos, señaló Gutiérrez.
Durante la audiencia, representantes legales de varios de los condenados describieron la afectación que habrían sufrido las presuntas víctimas.
Néstor Morera, sostuvo que Jorge Martínez Meléndez (condenado a 25 años), en dos ocasiones "se topó con un muro" para que se cambiara su condena, basado en "formalismos" pues no se le permitió presentar pruebas, ni se le concedió otra audiencia.
Martínez fue sentenciado por delitos de peculado en relación con un fraude al programa de Compensación Social, por poco más de ¢450 millones.
Ese fallo, además, obligó al país a crear la segunda instancia en materia penal, que son ahora los tribunales de apelación.
Otro de los testimonios escuchados este lunes fue el de la abogada Belinda Guevara, representante de Rafael Rojas y Manuel Hernández, quien sostuvo que sus representados sufrieron lesiones a la dignidad y a la integridad física, falta de atención médica, hacinamiento y tratos crueles.
Gutiérrez desacreditó tal afirmación y aseguró que los reclamos de los convictos fueron resueltos luego de que estos acudieran a instancias como la Sala Constitucional.
Ubeda se manifestó optimista sobre la posibilidad de que la Corte desestime la petición de los recurrentes, pues considera que el Estado ha aportado suficientes pruebas sobre las garantías procesales con que cuenta el país para la revisión de sentencias en materia penal, extensivas a quienes fueron condenados antes de las reformas de 2006 y 2010.
Entre los recurrentes del caso Amrhein figuran cinco exdirectivos del fenecido Banco Anglo Costarricense (BAC), quienes en 2001 recibieron sentencias de 15 años de prisión por peculado, así como 10 años de inhabilitación para un cargo público.
El caso se inició en 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se le dio trámite, y posteriormente fue elevado ante la Corte, donde ingresó el 28 de noviembre del 2014.
Realizada la audiencia, los jueces deberán deliberar y dictar sentencia.
Esta información fue actualizada a las 4:16 p. m.