El ahora exministro de Comunicación, Mauricio Herrera, confirmó que el Consejo de Gobierno de la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) le pidió la renuncia al presidente ejecutivo del Sinart, Mario Alfaro Rodríguez, y que este se negó a dimitir.
Ante la negativa, el gabinete de Solís acordó abrir una investigación preliminar para determinar si procede la apertura de un procedimiento administrativo por un presunto tráfico de intereses.
Se tomó esa vía porque la destitución inmediata del cargo conllevaría una erogación para el Estado. Alfaro tiene un contrato de seis años, de los cuales le restan cuatro. Bajo el escenario de una destitución, se le debería pagar prestaciones.
A él se le indaga por supuestamente haber solicitado una reunión en el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), en mayo del 2017, para gestionar un financiamiento de ¢500 millones en favor de una cooperativa donde figuran familiares suyos, a fin de que le brindara servicios a la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
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Se trata de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Múltiples y Asesorías R. L. (Coopeasesorías), la cual fue inscrita en julio del 2016 ante el Ministerio de Trabajo, dos meses después de que Mario Alfaro asumió las riendas del Sinart.
Según Herrera, fue la ministra de Cultura, Sylvie Durán, como rectora del Sinart, quien denunció los hechos, los cuales consideró como "graves". Eso ocurrió el 3 de mayo, en la última sesión de gabinete de la administración anterior y a solo cinco días de ceder el poder.
"Tras su exposición, el Consejo de Gobierno abrió un debate en el que se concluyó que los hechos expuestos ameritaban solicitarle la renuncia al presidente ejecutivo del Sinart, Mario Alfaro, u ordenar su destitución, que podría generarle costos significativos al Estado", narró Herrera en una publicación en su perfil de Facebook.
Y agregó: "Por el cargo que ocupaba como ministro de Comunicación, me ofrecí a llamarlo para transmitirle la solicitud de renuncia, de acuerdo con lo discutido en el Consejo de Gobierno. Obviamente la renuncia del señor Alfaro no implicaba perjuicio para ninguna otra investigación de carácter administrativo, civil ni penal".
"Al no aceptar el señor Alfaro la solicitud de renuncia, el Consejo de Gobierno ordenó una investigación preliminar como paso necesario para poder abrir un procedimiento administrativo sancionatorio. Esto era necesario pues el despido directo implicaría el reconocimiento de una indemnización".
