Esteban Oviedo. 8 junio
Exdiputada Laura Garro durante el primer juicio por falso testimonio, en el 2019. Foto: Jorge Castillo
Exdiputada Laura Garro durante el primer juicio por falso testimonio, en el 2019. Foto: Jorge Castillo

La exdiputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Laura Garro fue condenada este lunes a dos años y medio de cárcel, por el falso testimonio que ofreció en el proceso judicial sobre la estafa del PAC al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La sentencia la emitió el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en un nuevo juicio efectuado para revisar la pena de un año de prisión que, por estos hechos, le impuso el juez penal Omar White en marzo del 2019, en una primera instancia.

La Fiscalía había apelado la primera sanción al considerar que era muy baja. Ante ello, el Tribunal de Apelación confirmó la culpabilidad de la legisladora y ordenó un nuevo proceso únicamente para revisar la pena.

Este lunes, el Ministerio Público solicitó elevar la sanción a dos años de cárcel, confirmó el fiscal Alexánder Valverde.

Al final, se le impusieron 30 meses de reclusión; empero, “la resolución otorgó a Garro el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de cinco años, lo que significa que no irá a prisión, en tanto no cometa un delito durante ese período”, explicó la Fiscalía.

La decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Apelación por las dos partes.

A la exdiputada Garro se le había sentenciado por faltar a la verdad como testigo en la declaración que brindó, en el 2016, en el juicio en el que el PAC resultó condenado por estafar al TSE mediante el cobro de ¢516 millones en contratos de servicios especiales falsos, a la hora de liquidar la deuda política del 2010.

Durante la investigación judicial del caso, la exlegisladora le aseguró al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que ella se desempeñó como jefa de campaña del PAC en Puntarenas y que se encargó de entregar varios de esos contratos a los demás colaboradores de la provincia.

No obstante, cuando declaró en el juicio, Garro dijo no recordar mucho de lo dicho al OIJ en el 2013. Además, negó que hubiese repartido otros contratos a colaboradores del PAC en Puntarenas.

Este lunes, ante el juez penal Max Escalante, el fiscal Valverde argumentó que Garro sabía que, de su testimonio, se podían derivar responsabilidades penales de los imputados, así como responsabilidades civiles del partido político.

Además, conocía que estaban en juego fondos públicos que los costarricenses aportan para las campañas políticas, dijo el fiscal.

Otro argumento consistió en que, en el momento de los hechos, Garro era congresista y jefa de fraccion del PAC, lo que la obligaba a actuar con mayor transparencia ante el Tribunal.

El Ministerio Público también recordó que, antes de ser diputada y de pensionarse, ella fue educadora y, por tanto, no podía alejarse de la concepción de valores que un educador debe tener en cuanto a hablar con la verdad, la honradez y el cumplimiento de deberes para la convivencia.

Por último, señaló que, al faltar a la verdad, pudo afectar el sistema democrático en donde los partidos deben intervenir bajo las mismas condiciones y no puede haber un desbalance.

Santiago Arguedas, abogado de Laura Garro, informó de que analizará con su defendida la posibilidad de apelar la sentencia, para lo cual tiene 15 días hábiles.

“No compartimos el fallo en ninguna de las circunstancias. Lo que consideramos es que, dentro de la aplicación de un derecho como tal, deben valorarse las circunstancias personales”, dijo el abogado, al señalar que Garro siempre ha sido una persona intachable, sin antecedentes, y de una conducta ética correcta.

“Le están castigando en el aspecto de haber sido diputada, es mi punto de vista”, afirmó Arguedas.

La investigación en la que se reunió la prueba que permitió llegar a esta sentencia se desarrolló dentro del expediente 16-000020-0033-TP.