El presidente de la República, Carlos Alvarado, no descartó este lunes vetar la rebaja del marchamo del 2022 aprobada por los diputados. Sin embargo, está a la espera de conocer las recomendaciones de los jerarcas de las entidades involucradas para tomar una decisión.
“El viernes pasado llegó el decreto legislativo a Casa Presidencial para el trámite; lo que corresponde es que los ministerios involucrados hagan su recomendación y, luego, es elevado a mí. Y como ya he mencionado, cuando tenga algo que informar lo haré de conocimiento público; aún está en proceso de los ministerios”, señaló el mandatario al consultársele sobre la posibilidad del veto presidencial a la rebaja que generaría un hueco de ¢30.000 millones en las finanzas públicas.
Consultado puntualmente si el veto “está sobre la mesa”, el mandatario manifestó que lo está “como con cualquier otra ley”.
Si bien Alvarado no tiene un plazo definido para sancionar la ley, el cobro del marchamo, con o sin rebaja, se inicia la próxima semana, con la entrada de noviembre.
La recomendación de los jerarcas es parte del trámite habitual de los proyectos legislativos aprobados por los diputados. Una vez que llegan a Casa Presidencial los textos, se envían a los ministerios competentes, según la materia, a fin de que realicen los análisis técnicos y eleven sus valoraciones y recomendaciones al presidente de la República.
Los diputados aprobaron el jueves anterior una reducción del impuesto a la propiedad de los vehículos de menos de ¢15 millones que oscila entre el 9% y el 45%, así como una condonación de los marchamos atrasados si los deudores pagan el marchamo del 2022 antes del 1.° de enero.
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Los carros de carga liviana recibirán una rebaja adicional del 20% en comparación con los particulares.
El ministro de Hacienda, Elián Villegas, se ha manifestado en contra de la rebaja por el impacto sobre la estabilidad fiscal y pidió, en reiteradas ocasiones, no avanzar con el plan. Sin embargo, el proyecto avanzó con 32 votos de la oposición a favor.
El año anterior, los diputados aprobaron una ley con el mismo fin y en ese año el presidente sí firmó la reducción, la cual fue compensada en parte con el plan Pagar, que envió al Gobierno Central recursos de superávits de instituciones públicas.
