Douglas Caamaño, quien fungió como estratega de campaña del ahora presidente de la República, Rodrigo Chaves, reconoció haber pagado un envío masivo de mensajes de texto anónimos durante el pasado proceso electoral, sin haber reportado ese desembolso al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a pesar de la obligación legal existente.
Se trata de un mensaje atemorizante que se envió el 2 de abril —un día antes de la segunda ronda— a fiscales de mesa en todo el país, para advertirles sobre eventuales sanciones en caso de delitos electorales.
Bajo juramento, en la comisión legislativa que investiga el financiamiento de los partidos políticos, Caamaño admitió haber hecho ese pago “a título personal”, como parte de la “estrategia de campaña” que ideó para el gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Ante una consulta del diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), reconoció que ese giro de dinero a la empresa Cyberfuel S. A., por un monto de ¢133.572, no se le comunicó al TSE, a pesar de que el Código Electoral establece que se debe reportar todos los gastos partidarios, así como donaciones en especie o efectivo.
El hecho de no comunicar un gasto al Tribunal podría ser catalogado como una contribución ilegal, lo que el Código Electoral sanciona con penas de prisión.
Caamaño alegó que se vio en la obligación de pagar ese envío masivo porque habían detectado 545 juntas receptoras de votos donde hubo un “comportamiento irregular” en la primera ronda y que la intención era hacerle un “recordatorio” a los fiscales sobre las eventuales sanciones a las que se enfrentarían de incurrir en un delito electoral.
Douglas Caamaño, quien fue estratega de la campaña de Rodrigo Chaves, compareció este jueves en la comisión investigadora del financiamiento de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Foto: Cortesía.
Al ser interpelado sobre cómo consiguió los números de teléfono de los fiscales del PLN y de Progreso Social a quienes se les envió el mensaje, el estratega de Chaves dijo que él montó la base de datos a mano, con la ayuda de los jefes de los centros de votación.
Esa versión fue cuestionada por los diputados de ese foro legislativo, quienes le pidieron que entregara la base de datos con los números de teléfono, para determinar si hubo una posible violación al acceso de datos de las personas que ahí aparecen.
¿Qué decían los mensajes?
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Uno de los mensajes enviados por Caamaño, a través de Cyberfuel S. A., decía: “Como fiscal sepa que el código electoral impone prisión de dos a seis años por delitos electorales. Que su escuela no esté en la lista de centros denunciados”.
En un segundo mensaje, según consta en una carta enviada por esa empresa al TSE, se podía leer: “Debe saber que el Código Electoral impone una pena de dos a seis años por chorreo de votos. Todos vigilarán a todos este domingo 3 de abril”.
