Estado gasta ¢1.000 millones al año por mantener planteles abarrotados de vehículos abandonados

Los diputados aprobaron, este martes, un proyecto de ley que crea el marco legal para poder disponer de los casi 40.000 vehículos decomisados, tanto automóviles como motocicletas, y que actualmente abarrotan los planteles del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) en todo el país.

La iniciativa recibió el voto afirmativo y unánime de 47 legisladores, en segundo debate, y le permitirá al Estado desechar o utilizar dichos automotores no reclamados después de un plazo de tres meses, a partir de la firmeza de cosa juzgada o agotada la vía administrativa.

Actualmente, el Estado gasta ¢1.091 millones al año en el mantenimiento de los planteles donde deposita todos esos vehículos no reclamados y la legislación vigente no le permite a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) disponer de ellos.

Tal como lo narraron los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico cuando presentaron la iniciativa legal, en los recintos estatales se encuentran 34.363 motocicletas y 5.246 automóviles.

Además, entre mayo del 2018 y el 1.º de agosto del 2019, la Fuerza Pública decomisó más de 5.000 automotores, de los cuales 3.700 se captaron en su labor diaria y 1.389 en los megaoperativos, pero por estar los planteles del Cosevi llenos, la policía no puede seguir incautando en situaciones irregulares.

“Esto incide en los esfuerzos de las autoridades policiales para mejorar la seguridad ciudadana”, dice la propuesta original.

Entre los gastos en que incurre el Estado por los predios donde se llevan dichos vehículos abandonados, están los gastos de alquiler, servicios de seguridad en dichos patios y servicios de video vigilancia.

Incluso, esos números han variado, pues la iniciativa se presentó a finales del 2019, antes de la pandemia del coronavirus que generó una ola de operativos de tránsito por la restricción sanitaria.

“Tanto el Cosevi como el Ministerio de Seguridad Pública nos habían indicado la necesidad de utilizar o desechar esos vehículos que quedan por años en manos del Estado”, explicó Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana y uno de los proponentes del texto.

El congresista apuntó que ese almacenamiento de unidades se vuelve inmanejable, insalubre e inseguro. “Muchas veces la gente ni siquiera inicia el trámite para recuperar los vehículos”, aseguró.

Sánchez agregó que el procedimiento no les permite hoy a las autoridades echar mano de los automotores, solo dejarlos ahí guardados, para que se terminen de convertir en basura, sin poder hacer nada, salvo pagar por el mantenimiento de los sitios donde se acumulan.

En la argumentación del proyecto original, los congresistas explicaron que muchas veces los oficiales de tránsito evitan, de alguna forma, imponer multas que impliquen el decomiso del vehículo, porque la acumulación de estos atenta contra la eficacia en la normativa sancionatoria de las infracciones.

Aunque la legislación ya preveía la posibilidad de disponer de los carros abandonados por sus propietarios, poco a poco crecieron los obstáculos administrativos para poder deshacerse de todos ellos.

“El marco jurídico disponible, lejos de constituirse en herramienta expedita, se conformó más bien como un enjambre de obstáculos, llevando al punto de que los vehículos se han ido acumulando”, dice la exposición de motivos del plan avalado.

Para el caso de autos sobre los cuales pese algún gravamen, el Cosevi tendrá que publicar periódicamente, en La Gaceta, las listas de estos, en caso de que algún anotante o interesado en una causa judicial se apersone a reclamarlos.

Si pasa un mes y nadie exige el bien, el Consejo pedirá al Registro Nacional que levante el gravamen.

En el caso de los vehículos con valor menor a ¢1,3 millones, serán destruidos; los de entre ¢1,3 millones y ¢2,7 millones, se autoriza su donación y aquellos con valores superiores a ¢2,7 millones podrían ser rematados.

La ley aprobada establece que el Cosevi tendrá un año para publicar periódicamente las listas de los autos no reclamados que tienen en sus depósitos, para proceder con su disposición.