El candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, impulsará la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) en caso de ganar las elecciones del 2022.
Según su plan de gobierno, la medida se adoptaría “con el objetivo de promover una mayor eficiencia y competencia del sistema financiero nacional, al tiempo que se ayuda a reducir la deuda pública total del país”.
Adicionalmente, de acuerdo con el documento, estos bancos solo podrían ser comprados por entidades internacionales para promover la competencia bancaria.
”Al introducir nuevos participantes, y que estos sean de primer orden internacional, promoveremos un aumento en el nivel de competencia dentro del sistema financiero nacional. Asimismo, en vista de la reducción de la cantidad de entidades públicas y para que el Estado mismo reciba mejores servicios, realizaremos las modificaciones legales para permitir a los bancos privados captar fondos de instituciones públicas, lo cual hoy es potestad única de los bancos públicos”, señala la propuesta.
El plan de gobierno argumenta que la venta del BCR le permitirá al Gobierno aportar más ingresos al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para su recapitalización. La venta de otras entidades también serviría para este fin.
Feinzaig también ha propuesto cerrar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), así como de fusionar las 23 instituciones del sector social, al argumentar que algo no funciona bien si existen tantas entidades y la pobreza lleva más de 25 años afectando a más del 20% de la población.
Otra medida que propone el PLP, para el sistema bancario, es eliminar las cargas parafiscales que aportan las entidades financieras a diversas instituciones del Estado.
“Proponemos la eliminación de las cargas parafiscales impuestas sobre las utilidades de los bancos estatales, con el propósito de eliminar distorsiones y facilitar así la disminución del margen de intermediación”, indica la propuesta.
Las cargas parafiscales fueron creadas mediante leyes con destino específico y obligan al Banco Nacional (BN) y al Banco de Costa Rica, por ejemplo, a entrar un porcentaje fijo de sus ganancias a instituciones públicas después del pago de impuestos.
El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) recibe el 15% de las utilidades de estas entidades financieras; el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el 10%; la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), el 5%; y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el 3%.
El plan de gobierno no precisa de dónde se obtendrían los recursos para cubrir lo que estas entidades dejarían de percibir.
Sin embargo, el PLP sí aboga por cerrar el Infocoop, cuyas funciones trasladaría al Sistema de Banca para el Desarrollo y al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Los bancos estatales han propuesto al Gobierno trasladar las cargas parafiscales directamente al Ministerio de Hacienda, para que este financie a las instituciones. De hecho, esta idea la planteó la administración de Carlos Alvarado en octubre del 2020, cuando propuso eliminar las cargas del Estado y transformarlas en un dividendo único.
