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Dos de los siete magistrados propietarios de la Sala Constitucional ya lanzaron ataques contra los recortes a las pensiones de lujo, en particular los que se aplicarían sobre las jubilaciones millonarias de los empleados del Poder Judicial.
En dos momentos diferentes, en un lapso de año y medio, Ernesto Jinesta y Fernando Cruz atacaron la intención de los diputados de imponer aportes adicionales a las pensiones.
Las declaraciones de los magistrados toman fuerza ahora que, en la Asamblea Legislativa, se debate en una comisión especial un proyecto de ley para fijar un tope máximo a las futuras pensiones judiciales (que llegan hasta los ¢9 millones) e imponer una contribución solidaria del 20% a las que hoy sobrepasen el tope (sea el propuesto por los gremios, de ¢4,7 millones, o el aceptado por los magistrados: ¢7 millones).
Y es la Sala IV la que deberá juzgar eventuales recursos contra esa reforma, en caso de ser aprobada, así como las acciones ya presentadas contra los recortes aplicados a las jubilaciones de lujo de los regímenes de exdiputados y gobierno.
“Voy a mantener una actitud activa y combativa, tanto en esta Corte como respaldando a todo el funcionariado judicial, en todas las marchas, reuniones y movimientos de huelga que haya”, dijo el presidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta, en sesión plena de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 20 de junio.
Así consta en el acta 21-16, donde se plasmó el apoyo de los magistrados a los gremios judiciales, para protestar en contra de las reformas al régimen jubilatorio del Poder Judicial.
Reformas legales. En junio pasado, la discusión legislativa se centraba en varios planes para exigir, entre otros cambios, un aporte solidario a las jubilaciones de Gobierno y exdiputados que superen los ¢2,6 millones.
De las cuatro iniciativas legales, aprobadas en agosto, la del Frente Amplio quería imponer una contribución solidaria a las pensiones judiciales de lujo.
Sin embargo, esa intención se extrajo de ese expediente para debatirse por separado, en una comisión especial.
Jinesta, magistrado constitucional desde el 2002, aseguró en un amplio discurso que los derechos jubilatorios de los “juzgadores” y sus auxiliares no deben modificarse.
“Estamos llamados a decirle a la Asamblea Legislativa que respete nuestra independencia judicial, que nuestras jubilaciones no se tocan, que nuestras jubilaciones no pueden ser pauperizadas o diezmadas, no pueden ser jubilaciones indignas para el sacrificio que supone el ejercicio de la función jurisdiccional”, manifestó el presidente de la Sala.
LEA: Exdiputados del PUSC piden anular recortes a pensiones
Ofertas irregulares. El jerarca constitucional considera posible que, ante una previsión de jubilación menor a la actual, los funcionarios judiciales podrían inclinarse por recibir ofrecimientos irregulares, con el fin de torcer sus decisiones y acciones como trabajadores de ese Poder.
“No se puede nunca implementar políticas legislativas regresivas; lo propio en materia de derechos sociales y económicos es la progresividad; es decir, ir avanzando en la conquista y el desarrollo”, dijo Jinesta en junio.
Al igual que el magistrado presidente de la Sala IV, magistrados de otras salas respaldaron las acciones impulsadas por los gremios, aunque difieran totalmente en cuanto a los montos de tope y de contribución solidaria que se deberían aplicar.
LEA: Declaraciones de Ernesto Jinesta sobre recortes a pensiones en acta de Corte Plena (art. II)
Es más, Ernesto Jinesta calificó como superior y de mayor dificultad la labor que desempeñan los miembros del Poder Judicial dedicados a juzgar y “decir la verdad con fuerza de autoridad de ley”, a diferencia de las funciones “meramente administrativas” del Poder Ejecutivo y obediente a intereses sectoriales de los miembros del Poder Legislativo.
“La función jurisdiccional es una de las más complejas y difíciles que hay dentro del contexto o del marco del Estado Constitucional de Derecho”, dijo Jinesta.
Además, explicó que los proyectos de ley que en general aprueban los diputados pueden estar llenos de errores y no pasar nada, pues terminarían siendo analizados por otra instancia, que es la Sala Constitucional, “donde todo se va a arreglar”.
“Tengan la plena seguridad que si paramos las materias de Tránsito, Pensiones Alimentarias, Penal y Constitucional -no digo que las otras materias no sean importantes- incluso hasta cobros judiciales, ellos y ellas verán la relevancia y el significado que tiene la función jurisdiccional, porque se darán cuenta que el país se paraliza total y absolutamente”, declaró ante sus colegas.
¿Sin músculo? Por su parte, el magistrado Fernando Cruz lanzó críticas a las intenciones de los legisladores en diciembre del 2014, cuando en sesión de la Corte Suprema de Justicia se debatía sobre el plan 19.345, de la liberacionista Sandra Piszk, que proponía una contribución adicional a las pensiones, que iba del 2% para las más bajas hasta el 30% para las superiores a ¢3,9 millones.
En esa ocasión, Cruz criticó que haya músculo político para modificar las jubilaciones, pero no para revisar los altos costos de los alimentos y las medicinas en Costa Rica, “los más caros de toda Centroamérica”.
“En este país se dice que no se pueden tomar decisiones y que es ingobernable, pero sacan músculo para los jubilados, es decir, para los jubilados sí hay músculo político y múltiples iniciativas”, dijo Cruz, quien es miembro de la Sala IV desde el 2004.
ADEMÁS: Declaraciones de Fernando Cruz sobre pensiones judiciales, acta de Corte Plena (art. XVIII)
Tanto Jinesta como Cruz aseguraron que se inhibirán al analizar acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo en contra de recortes.
En este momento, la Sala IV debe resolver acciones legales en contra de dos reformas que reducen las pensiones de lujo de exdiputados y exaltos funcionarios de Gobierno. Una de las reformas es un decreto aprobado por el Gobierno en el 2014, el cual impone un tope de ¢2,6 millones a jubilaciones que hoy alcanzan hasta ¢16 millones.
La otra es un paquete de proyectos de ley aprobados por la Asamblea, en julio, que exige aportes solidarios a esas mismas pensiones, los cuales alcanzan hasta un 75% del monto que exceda los ¢2,6 millones; además, elimina el aumento anual del 30% que recibían los exlegisladores y sus herederos. Ya tres exministros y otros dos beneficiarios de ese régimen recurrieron la reforma ante los magistrados.
Ayer, a través de un comunicado de prensa, la Sala Constitucional rechazó manifestaciones y declaraciones “que pretendan ejercer presiones indebidas contrarias a la independencia judicial”.
Según los magistrados constitucionales, el alto tribunal se apega a los principios de legalidad, independencia judicial, imparcialidad e irrenunciabilidad de la competencia y que tienen la obligación de conocer los asuntos planteados en contra de los recortes a las pensiones de lujo por mandato de ley.
“No existe ningún otro órgano jurisdiccional en el país que sea competente para resolver las dudas de constitucionalidad planteadas en relación con los asuntos jubilatorios que están bajo su conocimiento”, se lee en el comunicado.
Según los magistrados de la Sala Constitucional, los costarricenses deben tener la garanía de que el Tribunal va a resolver “con apego al Derecho de la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos sin importar las presiones”.
La semana pasada, Zarela Villanueva, presidenta de la Corte, calificó de “confiscatorio e inconstitucional” el plan para recortar las pensiones judiciales.
Detalle de las reformas a las pensiones de lujo
- En agosto del 2014, mediante decreto, el gobierno le impuso un tope de ¢2,6 millones a las pensiones de lujo que se pagan con el presupuesto Nacional. Lo hizo con base en el artículo 3 de la Ley N.° 7858, de 1998, el cual permite fijar un límite si las cotizaciones no cubren el costo de las pensiones, como ocurre hoy (de cada ¢100, unos ¢90 están desfinanciados). Este decreto está impugnado en Sala IV y su aplicación está suspendida.
-En agosto del 2016, los diputados aprobaron una ley para exigir, entre otros cambios, un aporte solidario a las jubilaciones de Gobierno y exdiputados que superen los ¢2,6 millones. Se les deducirá un porcentaje del excedente sobre ese monto. Mientras más alta sea la pensión, mayor es la deducción. Por ejemplo, a quienes perciban un 25% más de esos ¢2,6 millones, se les reduce un 25% del excedente. A quienes ganen ¢9 millones, se les deduce hasta un 75%. En ningún caso, el rebajo total puede superar el 55% de la pensión bruta. Ya hay cinco recursos en la Sala IV contra esta reforma.
-En octubre del 2016, tomó fuerza en el Congreso la discusión sobre una reforma a las pensiones del Poder Judicial, con un proyecto que fijaría un tope de ¢4,7 millones a las nuevas pensiones (hoy se otorgan hasta por ¢9 millones) y que cobraría un aporte solidario a las jubilaciones que hoy sobrepasen los ¢4,7 millones. La contribución equivaldría a un 20% del exceso sobre ese monto, dejando abierta la puerta para llevar esa contribución hasta un 50%. También, se tocarían edad de retiro y salario de referencia.
