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Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, comparecerá este jueves en una sesión secreta de la comisión legislativa que la investiga por presupuestas irregularidades en su gestión. Foto: José Cordero (Jose Cordero)
A puerta cerrada y bajo total hermetismo, la comisión legislativa que investiga las aparentes irregularidades cometidas por la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, durante su gestión se encuentra a solo dos sesiones de emitir el informe final.
“El jueves se recibe a doña Catalina y a sus testigos y el lunes es el día límite para rendir el informe. Así que ese día se votará el informe en la comisión”, expresó María Inés Solís, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidenta del foro investigador.
El pasado lunes, por la mañana, la comisión realizó su cuarta sesión en la que los diputados recibieron en audiencia a la contralora general de la República, Marta Acosta.
A la primera convocatoria asistieron varios directores de la Defensoría de los Habitantes. Se trata de Laura Fernández, de la Defensoría de la Mujer; Álvaro Paniagua, de Igualdad; Hazel Díaz, de Gobernanza Pública; y Jeannette Carrillo, del Instituto de Educación.
El jueves 27 de agosto, acudieron Juan Manuel Cordero, Director de Calidad de Vida de la Defensoría; Alejandra Sobrado, Auditora Interna de la Institución y David Wals Jiménez, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría de los Habitantes (Sidef).
La información, los testimonios y los interrrogatorios emitidos durante las comparecencias se mantienen bajo total sigilo, debido a que las sesiones fueron declaradas secretas.
Además de Solís, integran la comisión los diputados Jorge Luis Fonseca y Aida Montiel, del Partido Liberación Nacional (PLN); Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional, el republicano Otto Roberto Vargas y el independiente Erick Rodríguez.
El Congreso abrió una investigación contra Crespo luego de que 84 funcionarios de la Defensoría de los Habitantes enviaran una carta al presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, para denunciar supuestas irregularidades en nombramientos y conflictos de interés, entre otros.
La funcionaria también es indagada por, presuntamente, violentar el macroproceso de investigación en la pesquisa sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
A la jerarca se le atribuye, entre otros, desoír las recomendaciones de su equipo técnico. También se le cuestiona por el extravío del audio de la entrevista que ella le hizo al presidente de la República, Carlos Alvarado, pues informó del hecho dos meses después el conocerlo.
En junio, el Consejo de Directores de la Defensoría le solicitó a la funcionaria considerar la renuncia, tras escuchar las declaraciones de los técnicos que investigan la UPAD, las cuales los llevaron a catalogar la gestión de Crespo como un riesgo para la institución.
Dicho consejo fue suprimido luego de que Crespo publicara una reforma en el diario oficial La Gaceta, el lunes 3 de agosto, sin contar con el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Defensoría ni otro que ella invocó de la Contraloría General de la República
Recientemente se informó que, en el sistema informático de correspondencia de la Defensoría, creado para velar por la transparencia en la institución, se manejaban una serie de consultas catalogadas como confidenciales.
Dentro de los oficios confidenciales se encontraba una consulta hecha por Crespo, el 10 de julio de este año, en el que ella cuestiona si la Asamblea Legislativa es o no la institución superior jerárquica de la Defensoría de los Habitantes, en términos administrativos y disciplinarios.
Sesiones secretas
Hasta ahora el proceso de la comisión ha avanzado bajo secretismo. El pasado 24 de agosto, la presidenta del foro, la diputada María Inés Solís, declaró privadas las sesiones, unos minutos antes de efectuarse la primera audiencia del órgano.
Solís alegó que, debido a que se trata de un proceso sancionatorio-disciplinario, tomó la decisión de que las sesiones fueran privadas.
La legisladora dijo que se ampara en la Ley General de Administración Pública y en una consulta hecha por el presidente del Congreso, al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
Solís también se basó en el artículo 75 del reglamento, el cual dice: “Las sesiones de las comisiones serán públicas. No obstante, sus respectivos presidentes podrán declararlas privadas si lo estimaren necesario”.
En marzo del 2019 se aprobó un nuevo reglamento de Legislativo, con el cambio que se hizo se permitió nuevamente que se realizarán las sesiones secretas, como lo menciona el artículo 75.
El viejo reglamento legislativo había eliminado el secretismo en el 2014 por una acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Periodistas ante la Sala IV, la cual declaró que las sesiones privadas eran inconstitucionales.
“El legislativo debe ser el poder más translúcido de todos los que integran el Estado, sobre todo cuando ejerce control político”, citó la Sala en su resolución.
La acción del Colegio de Periodistas se dio debido a que en el 2012, se declaró secreta una sesión donde se discutió el informe de comisión que dictaminó el levantamiento de la inmunidad al entonces diputado liberacionista Jorge Angulo.
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