EscucharDiputados de tres fracciones legislativas presentaron este martes una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con el objetivo de obligar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a iniciar de inmediato con la adjudicación y construcción del nuevo hospital de Cartago.
La solicitud de medida cautelar, de carácter provisionalísimo y urgentísimo, se encuentra bajo el expediente 24-001965-1027-CA. También, cuenta con la firma de representantes de la Junta de Salud de Cartago y la Unión Médica Nacional.
La acción se presentó contra los actos dictados por la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel; el presidente de la República, Rodrigo Chaves; y el procurador general, Iván Vincenti. Los congresistas alegaron que ellos han frenado el inicio de las obras que permitirían sustituir al hospital Max Peralta, actualmente colapsado por atender a 600.000 asegurados de Cartago y la zona sur del país.
Según el recurso, esta medida cautelar es la única forma de lograr una justicia pronta y cumplida, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política, así como los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y otras normas.
La solicitud la firman los congresistas Paulina Ramírez y Óscar Izquierdo de Liberación Nacional (PLN); Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Johana Obando y Diego Vargas, del Liberal Progresista (PLP). También apoyan el documento, pero no pudieron firmarlo, Rosaura Méndez, del PLN; Johana Obando, del PLP; y Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA).
La acción va firmada, además, por Carlos Halabí, presidente de la Junta de Salud de Cartago; Janice Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional, y Enrique Rojas, abogado redactor del documento.
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En la imagen, de izquierda a derecha, el abogado Enrique Rojas; el asesor legislativo del PLN, Santiago Villalobos; la diputada del PLN, Paulina Ramírez; la vicepresidenta de la Unión Médica, Janice Sandí; y el diputado del PLP, Diego Vargas. (PLN)
Los diputados argumentaron que la construcción del hospital es necesaria para proteger la salud de toda la población de la comunidad de Cartago y de la zona de Los Santos; agregaron que el gobierno y la CCSS vulneran el derecho subjetivo público a tener un hospital con todas las condiciones para dar un servicio de calidad.
El pasado 14 de marzo, la Junta Directiva de la CCSS acordó que, en 15 días, entraría a conocer el informe con la recomendación técnica final que servirá de base para tomar la decisión definitiva sobre la construcción del futuro hospital de Cartago. La decisión se produjo luego de que representantes del sector laboral presentaron una moción para discutir el tema.
Sin embargo, los diputados solicitantes de la medida cautelar fustigaron que el director jurídico de la Caja, Gilberth Alfaro, adelantara criterio al respecto.
“La Junta Directiva concedió 15 días para recibir los avales de la Gerencia de Infraestructura, la Junta de Adquisiciones y la Dirección Jurídica. Pese a que la Gerencia de Infraestructura informó en una reunión, previa al acuerdo de los directivos, de que todas las dudas habían sido atendidas conforme, el director jurídico adelantó criterio y aseguró que no daría el aval”, reclamaron los congresistas.
La diputada cartaginesa, Paulina Ramírez, criticó que la administración de la CCSS utilice al director jurídico para atrasar el inicio de las obras.
“Ya nos cansamos. Ahora, están usando al director jurídico para atrasar. Los cartagineses estamos hartos de este juego politiquero y creemos que hubo presiones desmedidas para que un funcionario emita un criterio contrario a lo que han hecho la Auditoría Interna, la Gerencia de Infraestructura y expertos; en fin, en unos días nos van a salir con otra mentira más”, reclamó Ramírez.
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Los diputados que presentaron la solicitud de medida cautelar reclamaron que el Hospital Max Peralta está colapsado, y la única solución es construir el nuevo centro médico. (Rafael Pacheco Granados)
Junto con su solicitud de medida cautelar, los legisladores presentaron tres ampos con pruebas para comprobar la serie de atrasos que se han generado, así como los múltiples estudios a los que se sometió el terreno elegido para la construcción, ubicado en El Guarco de Cartago.
La medida pretende que se ordene a Rodrigo Chaves, Marta Esquivel y la Junta Directiva de la Caja, dejar inmediatamente sin efecto cualquier suspensión de procedimientos administrativos, actos, resoluciones o acuerdos que entorpezcan o impidan la construcción del nuevo hospital.
La fracción legislativa del PLN informó de que el próximo jueves se presentará una coadyuvancia a la solicitud de medida cautelar, por parte de la Unión Médica y otros diputados, con el fin de ampliar la afectación que esta situación genera para los asegurados.
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