En una votación secreta llevada a cabo en el plenario legislativo, 12 diputados se sacaron de la manga un nombre nuevo para la elección de un magistrado de la Sala Tercera (penal), lo que desató la indignación entre las bancadas legislativas.
Desde el anonimato, este grupo de legisladores votó por el juez del Tribunal de Juicio de San Ramón, Gregorio José Briglia Peralta, quien fue descalificado en un concurso previo que la Comisión de Nombramientos efectuó para recomendar al plenario candidatos al cargo de magistrado penal.
El hecho ocurrió en la primera ronda de votación, celebrada en la mañana de este miércoles, para llenar la vacante que dejó el exmagistrado Carlos Chinchilla.
Al final del día, ningún candidato obtuvo los 38 votos necesarios para entrar a la Sala de Casación Penal, por lo que el tema será retomado en otra sesión.
Las votaciones se efectuaron en secreto. Aunque diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) reclamaron que el voto fuese público, el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, argumentó que el reglamento legislativo establece lo contrario.
“¡No se vale, no se vale y mil veces no se vale! Seamos serios, tenemos que asumir la responsabilidad del mandato constitucional que se nos dio. Somos los representantes del pueblo y no podemos jugar así con la institucionalidad de este Congreso”, exclamó la diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN) luego de que surgió el nombre de Briglia.
"Existe una Comisión de Nombramientos que se tomó el trabajo de analizar cada uno de los candidatos. ¿Cómo es posible que salga de la nada un candidato con 12 votos? ¡No sean tan descarados!, compañeros y compañeras, tengan un poquito de conciencia y de vergüenza.
“Si no les parecían los candidatos, van a Nombramientos y llevan a quien les ronque, pero no pueden jugar así el día que estamos eligiendo, con los ojos del país encima. Por eso tenemos el desprestigio que tenemos, no sean tan cobardes y a ver quiénes fueron esos 12 diputados”.
El juez Briglia no estaba entre los recomendados por la Comisión de Nombramientos para este cargo. De hecho, ni siquiera concursó.
Sí participó en el concurso para elegir a la sustituta de Doris Arias, también en la Sala III, pero fue descalificado porque no entregó la documentación completa requerida por la Comisión de Nombramientos. Así consta en los dos informes afirmativos de minoría firmados, uno por los diputados del PLN y otro por una diputada del PAC.
De acuerdo con el informe de los verdiblancos, Briglia incumplió con una serie de documentación requerida importante en la metodología. Ese informe lo firmaron los diputados Luis Fernando Chacón y Ana Lucía Delgado.
Briglia también había concursado en el 2017 para llenar la vacante que dejó José Manuel Arroyo, la cual finalmente ganó la actual magistrada Patricia Solano.
La liberacionista Ana Lucía Delgado dijo que lo ocurrido equivale a falta de transparencia y es una burla contra la Comisión de Nombramientos, que hizo un esfuerzo por calificar candidatos para el cargo de magistrado penal.
"Se ha hecho un esfuerzo para mejorar la metodología y ser responsables con los nombramientos de magistrados. Mucho se ha dicho del Poder Judicial para que vengan a meter un nombre que ni estuvo presente en este expediente.
“Es una falta de responsabilidad y de ética, no solo para la Comisión, que nos tragamos todos los currículos. Quisiera ver cuáles fueron los 12 diputados que votaron de esta manera, en contra de su propia representación en esa comisión. Esto no se vale, porque existen tres informes con datos suficientes para que pudieran analizarla”, afirmó Delgado.
Su compañero Luis Fernando Chacón enfatizó: “Es un irrespeto a los miembros de Nombramientos, a los procedimientos establecidos y a la voluntad mayoritaria del plenario, tratar de meter gente por la puerta de atrás, cuando ni participó ni entregó los documentos que se le solicitaron. Quiero dejar mi protesta respetuosa pero enérgica a los 12 diputados que votaron por esta persona”.
El único que admitió haber apoyado a Briglia fue Erwen Masís, legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Al igual que muchas otras con importantes atestados, la terna y el concurso, que fueron bien amplios, podríamos visualizar gente que ha participado en este concurso u otros, que ha tenido buen protagonismo, son buenos jueces y pueden también desarrollarse como magistrados en una sala tan importante como la tercera”, dijo el socialcristiano.
“Vimos el nombre ahí, en al menos dos concursos”, agregó Masís, quien indicó que se trata de “un juez de tribunal con buen currículum y atestados”, pero alegó que no lo conoce personalmente.
Luego de cuatro votaciones, ningún candidato logró los 38 votos necesarios para ocupar el cargo de magistrado. En la última votación, Álvaro Burgos obtuvo 32 votos, Sandra Zúñiga, nueve; Gustavo Jiménez, siete; Gregorio Briglia, dos; y Gerardo Alfaro, uno.
Furia en el plenario: ‘Opacidad, secretismo’
Enrique Sánchez, del PAC, señaló que, con estas acciones “se aporta a la opacidad, al secretismo, a la poca credibilidad que arrastran las instituciones públicas por acciones como esta”.
“Una persona que no recibió la calificación, no se le revisaron atestados, no estuvo en entrevista ni presentó los documentos importantísimos que se le piden en el proceso. No sabemos si tiene causas pendientes, si tiene denuncias de violencia doméstica, si está al día con las obligaciones tributarias y sociales, no sabemos nada de esa persona que recibió 12 votos. Es un irrespeto y se soluciona haciendo el voto público”.
Erwen Masís dijo que aunque confía en el trabajo de la Comisión de Nombramientos, “a veces es importante ver a la gente a los ojos y mirar si está mintiendo o no”, pues afirmó que “esa percepción también es importante”.
Es más, también dijo que los candidatos a magistrados deberían poder reunirse con los legisladores que los nombran, que eso “sea transparente y se anuncie”, para decirle lo que piensa como aspirante a alto juez sobre temas diferentes.
El socialcristiano Rodolfo Peña declaró que, si bien lo ocurrido es legal, es inmoral.
José María Villalta, del Frente Amplio, coincidió que se burló todo el proceso de consulta y de concurso sin ninguna transparencia. “Eso arruina la imagen de este parlamento, lo enloda”, afirmó.
Debate sobre votación secreta
Antes de que se iniciara la primera ronda de votaciones, la expresidenta legislativa Carolina Hidalgo, del PAC, fustigó el procedimiento que se empleó para elegir los nuevos magistrados, pues alegó que ya la Sala IV, al pronunciarse sobre otros artículos reglamentarios, declaró inconstitucional el uso del secreto en las votaciones parlamentarias.
“La ciudadanía exige más transparencia de diputadas y diputados. La Sala recientemente señaló que no puede haber una norma reglamentaria que establezca el secreto del procedimiento parlamentario como regla general”, dijo.
Se refiere al fallo en el que el alto tribunal declaró inconstitucional el secretismo en los votos de censura y sanciones a funcionarios, así como en el trabajo de la comisión de honores.
Los magistrados sentenciaron que el artículo 117 de la Constitución Política establece que la regla del Congreso debe ser la publicidad, por lo que sigilo solamente se permite “por razones muy calificadas y de conveniencia general”.
La exjerarca legislativa enfatizó, en varias ocasiones, que el PAC aboga por la elección pública de los magistrados.
Hidalgo enfatizó que el artículo 227 del reglamento legislativo, que precisamente Carlos Ricardo Benavides dijo que usaría para la elección, no dice nada sobre votación secreta, sino solamente “por boletas”.
Ante esos reclamos, Benavides dijo que aplicaría el reglamento tal como ella lo hizo durante su presidencia, para las elecciones de magistrados. “La aplicación que va a hacer esta presidencia es exactamente la que hizo la presidencia el año pasado. No ha cambiado el reglamento”.
Alegó que el nuevo reglamento dejó intactas las normas anteriores y que, por eso, no encuentra forma de cambiar “arbitrariamente” esa disposición.
"Si correspondiera o alguien quisiera presentar una reforma al Reglamento, es libre de hacerlo", dijo el liberacionista.
Después de responderle, Benavides dispuso seguir y le dijo a Hidalgo que, cuando ella tuviera la palabra, podía hacer todos los alegatos con respecto al procedimiento, “todo lo que gusten”.
Ante lo dicho por Benavides, Hidalgo le dijo que cuando ella era presidenta legislativa no existía ninguna resolución de la Sala IV sobre la necesidad de que no existan ese tipo de disposiciones secretas en el Reglamento y añadió que ya existe un proyecto de reforma reglamentaria para eso.
La polémica continuó cuando Benavides le manifestó a Hidalgo que ella cometía un error sobre la sentencia de los magistrados constitucionales, porque dijo que ese voto no atañía a este tipo de elecciones legislativas.