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La diputada Gloria Navas afirmó que las arbitrariedades hay que detenerlas. Foto: (Albert Marín)
Diputados de cinco fracciones legislativas reaccionaron este viernes a la decisión de la Sala Constitucional, que anuló el cierre del Parque Viva ordenado por el Gobierno, por considerarlo una violación indirecta a la libertad de prensa.
La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas Montero, consideró que se trata de un pronunciamiento histórico para la jurisprudencia constitucional y los derechos fundamentales costarricenses.
Navas, miembro del Partido Nueva República (PNR), enfatizó que la sentencia demuestra lo que expresaron varios actores cuando el Gobierno ordenó el cierre, en el sentido de que fue un abuso de poder.
“Hay abuso de la Casa Presidencial, de los funcionarios públicos en esas decisiones. Tienen que poner la barba en remojo, porque Costa Rica es una nación republicana, democrática y aquí se respeta el derecho, la libertad de expresión, el procedimiento administrativo y, sobre todo, el ejercicio del trabajo y del comercio”, apuntó.
Para Navas, este es un éxito rotundo para el país que refuerza la confianza en el Poder Judicial, por lo que deben quedar atrás y enterradas las expresiones de Chaves en contra de la Corte Suprema de Justicia.
Sostuvo que aseveraciones de ese tipo no benefician al país, sino que “señalan un derrotero de arbitrariedad que hay que detener”.
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El subjefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, considera que la decisión de los magistrados demuestra un desconocimiento de las leyes por parte del presidente Chaves y de la ministra de Salud, Joselyn Chacón.
Dijo que se siente alegre, personalmente, porque el Poder Judicial ponga orden y establezca lo que corresponde. “Lo importante es que ojalá el presidente recapacite en las desacertadas decisiones que ha venido tomando sistemáticamente”, comentó.
Kattia Rivera, jefa del PLN, argumentó que siempre se consideró, desde su partido, la necesidad de hacer una defensa del derecho a la comunicación y el derecho a la participación de los diferentes actores.
La diputada alegó que la fracción no quiso expresar una posición, cuando el Gobierno cerró el Parque Viva, porque no querían entrar en un caso específico de una empresa privada. En su criterio, ahora se debe tener muy en cuenta siempre “la importancia de tener apertura al diálogo y el respeto a los derechos básicos”.
La diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó que esta es una resolución clave por lo que significa para la libertad de prensa.
“La Sala ha tomado una decisión legal y oportuna, y la celebro porque significa fortalecer esa libertad de prensa fundamental para el país, más con el contexto que hoy tenemos”, argumentó.
En tanto, el frenteamplista Ariel Robles manifestó preocupación porque, “por una sacada de clavo del Gobierno, una cuestión política”, ahora es el Estado el que tiene que pagar las costas y los inconvenientes que se hayan generado para el Parque Viva.
También Eliécer Feinzaig, jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), reaccionó a la decisión de los magistrados y enfatizó que se trata de una señal para el Poder Ejecutivo de que en Costa Rica hay procesos y leyes establecidas, así como una institucionalidad a la que no se le puede pasar por encima.
“A mí me parece excelente que el Gobierno promueva el cambio y quiera mejorar las cosas, pero debe hacerlo en el marco del respeto, la legalidad y el debido proceso”, explicó.
