Por mayoría, la comisión legislativa especial de Ambiente rechazó el proyecto de ley del Gobierno sobre legalización de la marihuana recreativa, alegando efectos negativos en la salud, la seguridad pública y hasta en la seguridad vial del país.
El resultado de la votación fue de cinco miembros en contra y tres a favor. A pesar de que ha sido rechazado por una mayoría, el texto será remitido al plenario con un dictamen mayoritario en contra y otro minoritario a favor, para que los diputados tomen una decisión.
Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) que preside la comisión y quién votó en contra, alegó que el proyecto es dañino para la salud y la seguridad públicas y que el país carece de capacidad instalada para afrontar ese problema.
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Los votos negativos fueron de Gilbert Jiménez, Oscar Izquierdo y Katherine Moreira, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como de David Segura y Rosalía Brown, del Partido Nueva República (PNR).
En cambio, los apoyos fueron de Ariel Robles, legislador del Frente Amplio; Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), y del oficialista Manuel Morales.
La diputada Brown dijo que la legalización podría transmitir un mensaje erróneo de que el cannabis es seguro y apropiado para los jóvenes, lo que a su vez podría incrementar el consumo y sus efectos negativos.
David Segura recordó que, durante las comparecencias, los cuerpos de seguridad del país indicaron que la legalización no elimina el narcotráfico.
Brown añadió que el consumo de THC por largo tiempo, principal compuesto psicoactivo de la marihuana, está relacionado con problemas de ansiedad y depresión.
Si el consumo aumenta, crecería la presencia en carretera de conductores con efectos del cannabis, lo que pondría en riesgo la seguridad vial con más accidentes de tránsito, según Brown.
“A diferencia del alcohol, no existe forma precisa de medir la intoxicación por cannabis en tiempo real”, indicó la legisladora.
El proyecto propone establecer un control y regulación del consumo, cultivo, producción y venta de cannabis con propósitos recreativos. Dentro de esta propuesta, se considera permitir la posesión de hasta 30 gramos de marihuana para uso personal y se autoriza el cultivo de hasta seis plantas con fines recreativos por individuo, siempre que no sea con la intención de comercializarlas.
En caso de aprobación, las cafeterías también podrían vender cannabis de manera minorista para consumo en sus instalaciones.
Asimismo, el proyecto pretende posicionar a Costa Rica como un destino para los entusiastas de la marihuana.
Kattia Cambronero lamentó que no haya argumentos técnicos para oponerse a la iniciativa, sino creencias, según dijo en la comisión.
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Mercado de $120 millones
Manuel Morales, diputado oficialista, defendió la propuesta. Indicó que no tiene la intención de fomentar el consumo, mucho menos entre los menores, sino regular lo que ya existe.
En la actualidad, el consumo está descontrolado y en manos de narcotraficantes, señaló el oficialista.
Afirmó que el mercado de consumo nacional equivale a $120 millones, por lo que la idea es quitar una parte de esos recursos al crimen organizado que los utiliza para promover drogas más fuertes, la compra de armas y el dominio de territorios.
“Aunque no podremos eliminar por completo el narcotráfico, sí podemos reducir significativamente su influencia económica. Los ingresos obtenidos podrían ser reinvertidos en educación, especialmente en la educación sobre el consumo responsable de este tipo de productos, especialmente entre los jóvenes”, dijo Morales.
Indicó que la distribución de los impuestos al regularizar el mercado se asignaría de la siguiente manera: 15% al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 15% al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 10% a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 30% al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), 20% al Ministerio de Justicia y Paz, y 10% a la Policía de Control de Drogas (ICD).
Indicó que la saturación de hospitales debido al consumo de productos es un problema actual y obedece a la falta de educación. “Si abordamos el tema de manera similar a como se abordó la educación sexual y los peligros de las drogas en el pasado, podríamos lograr un enfoque más completo”, planteó Morales.
Dijo que la regularización generaría empleos en la agricultura. La cámara de meloneros de Guanacaste, afirmó, pide el proyecto.
Además, se involucrarían transportistas, abogados, dependientes y contadores, todos pagando impuestos y patentes municipales, explicó el oficialista.
En su criterio, la regulación de la marihuana se equipararía con la ley del tabaco. Los lugares donde está prohibido consumir tabaco también prohibirían el consumo de cannabis. Incluso, no se permitiría publicidad de este tipo de productos. También, eliminarían del texto la promoción del país como destino para el consumo de la marihuana recreativa.
Dijo que la falta de etiquetado en los productos actuales impide conocer su origen y calidad. La legalización permitiría un etiquetado preciso que indicaría la procedencia y el contenido de THC, evitando así intoxicaciones por consumo de productos adulterados.
