Con un diputado más, una mayoría de diputados de la Comisión Legislativa de Ambiente se prepara para rechazar, en los próximos días, el proyecto de ley del gobierno sobre legalización de la marihuana recreativa.
No obstante, un segundo bloque aún mantiene la esperanza de convencer a algún legislador para sacar un dictamen positivo.
Esta iniciativa busca establecer un marco legal para controlar y regular el consumo, cultivo, producción y comercialización de la planta con fines recreativos.
Los legisladores Gilbert Jiménez, Oscar Izquierdo y Pedro Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), junto con David Segura y Rosalía Brown, del Partido Nueva República (PNR), se inclinan por un dictamen negativo de mayoría.
Los detractores del proyecto argumentan que la legalización de la marihuana podría tener efectos adversos en la seguridad y salud pública, al legalizar una sustancia considerada una droga. Además, subrayan la supuesta falta de capacidad del gobierno para implementar controles eficaces en un mercado legalizado.
En contraste, un grupo de cuatro diputados, compuesto por Ariel Robles, del Frente Amplio; Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP); y el oficialista Manuel Morales, respaldan el proyecto.
Cambronero sostiene que las negociaciones continúan y que la legalización podría permitir al país ejercer un mayor control sobre el mercado de la marihuana, actualmente dominado por el narcotráfico.
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La congresista destaca la importancia de establecer una trazabilidad en la cadena de producción y consumo de la marihuana, lo que permitiría conocer lo que las personas están consumiendo y, al mismo tiempo, generar ingresos para el Estado a través de impuestos.
El martes 15 de agosto estaba programado que la comisión analizara informes afirmativos y negativos elaborados por una subcomisión que estudió el expediente, abriendo así la puerta para una votación posterior sobre el proyecto.
Sin embargo, la discusión de otro proyecto en el plenario llevó al presidente de la comisión, Gilbert Jiménez, a suspender la sesión de Ambiente. Se espera que el debate se retome en la tercera semana de agosto.
El proyecto de legalización contempla la posesión de hasta 30 gramos de marihuana para consumo personal, así como la autorización para que una persona cultive hasta seis plantas para fines recreativos en su hogar, siempre y cuando no sea para su comercialización.
Las cafeterías también podrían vender cannabis al por menor, para consumo en el lugar, si el plan fuese aprobado.
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Gilbert Jiménez argumentó su oposición señalando que un texto anterior a la propuesta actual, copió 14 artículos de un proyecto colombiano. Destacó que en las zonas vulnerables de Costa Rica existen problemas de drogas que afectan principalmente a la juventud, y expresó preocupación por los posibles efectos negativos de la legalización.
“Estaríamos promoviendo más drogadicción e inseguridad. Se desprotege a nuestra juventud”, aseguró.
Añadió que el país no tiene capacidad instalada para aplicar las regulaciones. No tiene laboratorio ni supervisores para evaluar los cultivos, lo que dificultaría regular la producción.
Además, señaló los efectos en la salud de la marihuana. “Provocaría mayor gasto en la seguridad social por los recursos que se invertirán en personas con adicción. Somos un país puente donde la droga se mueve por todos los lugares y si no tenemos controles provocaremos un desastre”, aseguró el verdiblanco.
Rosalía Brown añadió que el consumo de la marihuana recreativa provocaría adicciones y daña la salud. “Las instituciones no pueden dar soporte a las dependencias actuales. Si facilitamos otro tipo de consumo se va a complicar más”, sentenció.
Legalización no eliminaría el narcotráfico
Oscar Izquierdo recordó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Colegio de Médicos y Cirujanos, y la Asociación Costarricense de Psiquiatría se oponen a la iniciativa.
“Legalizar el consumo de marihuana recreativa en Costa Rica no eliminará el tráfico ilícito de este estupefaciente. Lejos de lo expresado que legalizar el consumo eliminaría el tráfico ilegal, esto obligaría a las autoridades a trabajar muy duro para aumentar sus capacidades represivas”, afirmó Izquierdo.
El director de la PCD, Stephen Madden, dijo en diciembre anterior que la legalización del consumo recreativo de marihuana no eliminaría el tráfico ilícito de estupefacientes, ya que este mercado se sustenta en la demanda y las ganancias económicas.
Por su parte, Michael Soto, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que los países que han legalizado la marihuana no han experimentado una disminución en las tasas de criminalidad, refutando así uno de los argumentos a favor de la medida.
El Gobierno defiende el proyecto argumentando que la legalización podría reducir la exposición de los consumidores de marihuana a otras drogas y a la criminalidad asociada a la venta ilícita, contribuyendo a la eliminación de los mercados ilegales del narcotráfico.
También sostiene que la legalización podría reducir la huella de carbono generada por la producción de cannabis en entornos no controlados y generar nuevos ingresos fiscales.
