En el segundo presupuesto extraordinario del 2020, aprobado este jueves en el plenario en primer debate, los diputados incluyeron una norma que le prohíbe al Gobierno Central llenar plazas vacantes durante el segundo semestre del 2020.
Se trata de una modificación de la norma presupuestaria 12 incluida en artículo 7 de la Ley de Presupuesto Nacional del 2020, donde se exigía al Poder Ejecutivo que reportara con frecuencia las plazas vacantes y cuáles iba utilizando.
Sin embargo, en la modificación presupuestaria aprobada esta semana, los legisladores añadieron un párrafo a esa norma 12, donde se ordena expresamente que ninguna plaza vacante podrá ser utilizada durante el segundo semestre del 2020.
Además, se le exige al Ministerio de Hacienda eliminar el código salarial de esas plazas y rebajarlas del Presupuesto Nacional de la República.
La norma fue propuesta por la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández.
Para eliminar esas plazas, la Asamblea Legislativa le exige al Poder Ejecutivo presentar una modificación presupuestaria a más tardar el 1.º de octubre de este año, donde se pueda reflejar la eliminación de esas vacantes.
La medida va en sintonía con el congelamiento del Gobierno de 2.420 plazas vacantes en 18 ministerios, reflejada también en el presupuesto extraordinario a través de la reducción de los recursos presupuestados para esas vacantes.
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El 68% de esas plazas corresponden a salarios menores a ¢500.000; el 28% es de salarios entre ¢500.000 y ¢1 millón, y el 4% es de cargos con remuneraciones de hasta ¢5 millones.
Incluso, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó una reducción de unas 2.100 personas en la cantidad de asalariados públicos.
La norma presupuestaria fue tomada, primero, en la Comisión de Asuntos Hacendarios donde los congresistas incluyeron la prohibición, pero dejaron la posibilidad de que se utilicen plazas en los ministerios de Seguridad, Educación Pública y Salud.
La excepción es total para las plazas en Seguridad, mientras que para el MEP se podría utilizar un 20% de los puestos vacantes y el 50% de las plazas que están vacías en Salud.
Más de 1.000 de las 2.420 plazas que el Gobierno congeló corresponden al Ministerio de Seguridad.
Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), explicó que ella y la también oficialista Nielsen Pérez se opusieron, desde la comisión, a que se prohibiera totalmente el uso de las plazas.
Añadió que, no obstante, se logró un consenso para modificar esa propuesta en plenario e incluir varias excepciones a instituciones que eventualmente van a necesitar nombrar personal.
“Hay que seguir revisando la norma, para determinar si hay una mayor afectación a otras entidades que sí necesiten usar las vacantes”, dijo.
La legisladora María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), comentó que fue necesario incluir la norma en el presupuesto extraordinario “porque si no, el Gobierno iba a seguir usando las plazas vacantes”.
Alegó que las excepciones incluidas para varias instituciones son totalmente válidas.
Antes de aprobar el proyecto en primer debate, en el plenario del Congreso, los legisladores ampliaron las excepciones para otras instituciones vinculadas con el combate de la pandemia del covid-19 y aquellas cuya dinámica les exige tener a disposición las plazas, para usarlas.
Específicamente, le permiten a las instituciones usar el 5% de las plazas vacantes para cumplir con la Ley de inclusión y protección laboral a las personas con discapacidad.
Al Ministerio de Ambiente y Energía se le permite, en la norma, utilizar el 40% de las plazas destinadas a guardaparques con autoridad de policía.
El Ministerio de Justicia podrá también usar las vacantes que tiene disponibles para policía penitenciaria, para personal técnico de la Dirección General de Adaptación Social y personal de salud vinculado directamente con la atención de la pandemia.
La excepción también cobija a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el 85% de las plazas del servicio exterior, en manos de la Cancillería de la República.
En el caso de esos puestos diplomáticos, la petición del canciller Rodolfo Solano se debe a las particularidades del sistema de rotación y poder nombrar por los concursos en proceso.
Igualmente, el Instituto Costarricense de Investigación Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), como laboratorio oficial del Ministerio de Salud, tiene permiso para usar los recursos para atender la emergencia del coronavirus.
Esa norma quedará ratificada cuando los diputados aprueben, en segundo debate, el Segundo Presupuesto Extraordinario para el 2020.